16/11/2004 | Venezuela | Alerta
PERIODISTA IMPUTADO POR FISCALÍA MILITAR
El Fiscal General
Militar Eladio Aponte notificó, el jueves 11 de noviembre, al
periodista Manuel Isidro Molina, del semanario La Razón, que
le fue abierta una imputación ante ese despacho por difamación e
injuria en contra de la Fuerza Armada Nacional.
La imputación se realiza luego de que el periodista publicara en su
columna del domingo 7 de noviembre que el coronel retirado de la
Aviación, Silvino Bustillos, desaparecido desde el 1 de noviembre,
habría sido torturado y asesinado en las instalaciones de la
Dirección de Inteligencia Militar (DIM), en Caracas.
Sin embargo, el lunes 8 de noviembre, según declaraciones de uno de
sus abogados, el coronel Bustillos entró en contacto telefónico con
sus familiares, informándoles que estaba bien aunque escondido. Al
día siguiente el periodista emitió un comunicado de prensa en el que
rectificó la información publicada en su columna, reconoció
públicamente su responsabilidad y explicó que se trató de un “error
involuntario” producto de una “sobrevaloración de su fuente
informativa”.
Tras la notificación, Molina explicó al IPYS que “tiene plena
disposición” de afrontar el proceso que se le acaba de abrir e
indicó que “no participó en ninguna conspiración para delinquir ni
en un laboratorio de guerra sucia”. Reconoció que la información
publicada fue una hipótesis cuya difusión estuvo motivada por la
defensa de los derechos humanos de Bustillos y no por estrategias
para maltratar la imagen de la institución militar. Señaló que
publicó la nota deseando que fuese incierta y que por ello, al
conocer sobre la aparición del coronel, asumió públicamente su
responsabilidad.
La imputación que se realiza a Molina estaría sustentada en el
artículo 505 del Código de Justicia Militar, aprobado en 1938, que
establece que: “Incurrirá en pena de 3 a 8 años de prisión el que en
alguna forma injurie, ofenda o menosprecie a las Fuerzas Armadas
Nacionales o a alguna de sus unidades”.
No obstante, el artículo 261 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, establece que la
competencia de la jurisdicción militar se limita a delitos de
naturaleza militar. Además, el artículo 49 numeral 4 indica que toda
persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales, lo que
implica que Molina, en su condición de civil no debiera ser imputado
por un fiscal militar.
El caso del coronel Bustillos ha generado polémica en el país debido
a que, previo a su desaparición, declaró públicamente su oposición
al gobierno del presidente Hugo Chávez. Sus familiares dijeron a la
prensa que un comando de la DIM intentó detenerlo durante la jornada
electoral realizada en Venezuela el 31 de octubre pasado. Luego de
perseguirlo hasta su casa, los efectivos fueron alertados por su
Central que no había orden de captura contra el ex aviador.
El comunicador Molina sostuvo una reunión con el Fiscal Militar
Eladio Aponte, en la que le explicó las motivaciones de la
publicación y asumió su responsabilidad. Durante el encuentro
solicitó al funcionario que su caso no sea contaminado con
motivaciones de orden político. El fiscal aseguró al periodista que
se respetaría el debido proceso.
Molina fue citado a la Fiscalía Militar el viernes 19 de noviembre,
donde será recibido por el Fiscal Superior de Caracas, el mayor del
Ejército Lisanbro Bautista Landaeta, quien llevará su caso.
Acciones recomendadas:
Enviar comunicado al Fiscal General de la República, Isaías
Rodríguez, solicitando que se respete el debido proceso y que el
caso sea reconocido por la jurisdicción penal ordinaria, como
corresponde a un civil y no por la justicia militar.
Dirigirse a:
Isaías Rodríguez
Fiscal General de la República
Teléfono: (+58-212) 509.80.54 / (+58-212) 509 8077
Fax: (+58-212) 576 4419
http://ipys.org/alertas/atentado.php?id=524