HUMAN RIGHTS WATTCH
Venezuela — Ley de medios coarta libertad de expresión
(Washington, 24 de noviembre de 2004) — Un proyecto de ley que
incrementa el control del Estado sobre las transmisiones de radio y
televisión en Venezuela amenaza con vulnerar la libertad de expresión, dijo
hoy Human Rights Watch. Se espera que la Asamblea Nacional Venezolana, que
ha estado votando uno a uno los artículos del proyecto, apruebe en el día de
hoy la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
"Esta legislación amenaza severamente la libertad de prensa en Venezuela,"
dijo José Miguel Vivanco, Director de la División de las Americas de Human
Rights Watch. "La vaguedad de sus restricciones y las graves sanciones que
la Ley establece, constituyen un mecanismo de autocensura contra la prensa y
un medio para la arbitrariedad por parte de las autoridades
gubernamentales."
Preocupa a Human Rights Watch que el Proyecto contenga reglas vagas — como
la incitación a quebrar el orden público — que puedan penalizar a los medios
por su legítima expresión de puntos de vista políticos. De resultar
responsables de las infracciones mencionadas en el Proyecto, el canal o la
estación de radio podrían ser forzados a suspender sus transmisiones hasta
un periodo de 72 horas, y en el caso de una segunda infracción su licencia
para transmitir podría ser revocada.
Estas disposiciones violan los estándares internacionales que protegen la
libertad de expresión. Debido a la importancia que representa permitir un
debate público libre, el gobierno sólo debe imponer restricciones con base
en la incitación donde haya una clara relación entre el discurso en cuestión
y un acto criminal especifico.
Bajo la apariencia de proteger a los niños del lenguaje soez, de contenidos
sexuales y de la violencia, la ley propuesta también podría someter a los
adultos a niveles restrictivos y puritanos en cuanto a lo que ven. Aunque
muchas disposiciones en el Proyecto carecen de una definición exacta o son
subjetivas, los canales o estaciones que llegaren a infringirlas estarán
sometidos a drásticas sanciones.
Por ejemplo, una estación que transmite materiales "que atenten contra la
formación integral de los niños, niñas y adolescentes" puede verse afrontada
a multas entre 0.5 y 1 por ciento del ingreso total del año fiscal anterior,
sanción que se aplica también en caso de no cumplir con otras regulaciones
de la ley. Una combinación de normas mal definidas y de multas onerosas
fomentara aún más la autocensura.
Los canales de televisión y estaciones de radio serán obligados a transmitir
los anuncios educativos, informativos o de seguridad publica del gobierno
hasta 60 minutos semanales. Esto se suma a los poderes del Presidente bajo
el articulo 192 de la Ley de Telecomunicaciones (presentado por el gobierno
del Presidente Hugo Chávez en el año 2000) para forzar a las estaciones a
transmitir integralmente sus discursos y otros mensajes políticos. Dicha
obligación constituye, además, una interferencia ilícita en la libertad
editorial.
La ley crea una Dirección de Responsabilidad Social compuesta por 11
personas, cuya función principal es la aplicación de la ley y la imposición
de sanciones a los infractores. Siete miembros de la Dirección serán
designados por el gobierno. Además, el presidente de la Dirección, el
Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), es
designado por el Presidente de Venezuela y no gozará de estabilidad en el
cargo.
Hasta ahora, el gobierno de Chávez ha respetado ampliamente la libertad de
prensa incluso frente a una ruidosa oposición que maneja grandes recursos.
En efecto, como parte del debate, usualmente caliente y áspero, entre los
partidarios del gobierno y la oposición, la prensa ha podido expresar
fuertes puntos de vista sin restricciones. Las empresas de televisión
privada con frecuencia han asumido una marcada posición opositora, y sus
noticias y programas de debate han sido extremadamente hostiles al gobierno
de Chávez.
Sin embargo, al mismo tiempo muchos periodistas que trabajan
fundamentalmente para medios privados, simpatizantes de la oposición, han
sido victimas de agresiones e intimidación por parte de los partidarios del
gobierno. Y, en menor grado, los periodistas que trabajan para el principal
medio estatal simpatizante del gobierno han sido también sujetos a actos de
intimidación.
Human Rights Watch apoya la legislación diseñada para fomentar que las
estaciones de radio y los canales de televisión promuevan un debate público,
diverso y vibrante. Cualquier restricción de la ley debe, sin embargo, ser
razonable, necesaria y proporcionada al servicio del interés público. Las
restricciones amplias o vagas, que de ser aplicadas podrían generar severas
sanciones contra los canales y estaciones, sólo fomentan la autocensura.
"Imponer camisas de fuerza a los medios no es la forma correcta de
promocionar la democracia," dijo Vivanco.
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Esta legislación amenaza severamente la libertad de prensa en Venezuela.
José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de
Human Rights Watch
http://hrw.org/spanish/press/2004/venezuela_ley_de_medios.html