Caracas, 24 de noviembre de 2004
Señores
COMISIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS
CIUDAD.-
Atención: Dr. Santiago Cantón, Director
Muy estimado Dr.:
Nosotros, simples y sencillos ciudadanos venezolanos, indefensos
frente a la inocultable parcialización que los Poderes Públicos manifiestan
en favor del proyecto político del ciudadano Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, hemos decidido acudir a usted como máximo
representante de la principal instancia a nivel continental, en cuanto a la
defensa de los derechos humanos se refiere, para denunciar ante el mundo
nuestra preocupación por el destino incierto que puede deparar a los
venezolanos, luego de la inminente aprobación de la Ley de Responsabilidad
Social de la Radio y la Televisión, conocida popularmente con el nombre de
Ley Mordaza.
Como es del dominio público, el mencionado proyecto jurídico contiene
en su articulado una serie de restricciones a la programación de los medios
radioeléctricos; las cuales, sin necesidad de ser especialistas en la
materia, nos revelan la intención del gobierno nacional de someter a su
voluntad exclusiva cuanto tenga que ver con la libertad de información,
opinión y pensamiento.
De acuerdo con lo establecido en esa Ley, los propietarios de los
medios, los comunicadores sociales, los patrocinantes e incluso los usuarios
quedarían expuestos a severas sanciones pecuniarias si en cualquier espacio
de opinión, se expresa algún concepto que la Comisión de Radio y Televisión
considere -de acuerdo a su real saber y entender- inconveniente. soez,
inadecuado o lesivo a "la dignidad humana". Las penalizaciones incluyen
hasta el cierre definitivo del medio de comunicación en caso de "reincidir"
en alguna de las innumerables violaciones establecidas en la Ley.
Desde luego que la reacción inmediata de los propietarios de los
medios, frente al peligro de perder su concesión, sería la autocensura.
Medida cuyas consecuencias las sufrirían los usuarios, quienes se
convertirán en víctimas de la desinformación, de la imposibilidad de
expresar sus ideas y de estar sujetos a una línea ideológica impuesta por el
gobierno.
Al propiciar semejante escenario, el gobierno nacional estaría
violando -una vez más- su propia Constitución; ya que en ella se consagra el
derecho a la libre expresión del pensamiento, en los artículos 57 y 58.
Pero, además incurriría en la violación del artículo Nro. 4 de la Carta
Democrática Interamericana, en el cual se establece que la libertad de
expresión es un componente fundamental del ejercicio democrático.
Por otra parte, la presencia en este polémico código de la
implantación de un horario infantil supervisado, que se extiende a lo largo
de unas 16 horas diarias, coloca a discreción del Ejecutivo la posibilidad o
no de enterarse de cualquier evento noticioso que suceda durante el
mencionado horario. Esta situación, que deriva del hecho de que la ley
contiene una clasificación -bastante confusa, por cierto- de lo que se
consideran actos de "violencia" o "sexo", los cuales podrían ser objeto de
censura, de acuerdo con el criterio caprichoso y subjetivo de las
autoridades. Semejante situación lesiona seriamente el derecho ciudadano al
acceso oportuno y veraz a la información.
Además, por si todo lo anterior fuera poco, la Ley de
Responsabilidad Social de la Radio y Televisión, no sólo es un atentado
contra la libertad de expresión, sino que también representa un riesgo para
otros derechos ciudadanos esenciales tales como:
1) La Propiedad Privada: al cambiar el status de los propietarios
de los medios por el de simples prestadores de servicio, la ley podría
propiciar una extensión de figuras semejantes en otros ámbitos de la vida
social.
2) La Tutela de los hijos: un objetivo secundario de la ley parece
ser el de ejercer un tutelaje mediático sobre los niños y adolescentes,
pudiendo convertirse semejante pretensión en el primer paso hacia el
desplazamiento de la familia como el escenario fundamental para la
adquisición de los principios éticos y los hábitos de vida.
3) El derecho a acceder a una pluralidad cultural: la Ley obliga a
los medios radioeléctricos a transmitir un porcentaje excesivo de
producción "independiente", cuyo contenido primordial son temas relacionados
con la "cultura patria", semejante situación podría conllevar a un cerco
cultural que le impida al ciudadano conocer las realidades de otros pueblos,
excluyéndole de esta forma del fenómeno contemporáneo de la globalización.
4) El derecho a la libre recreación: el horario supervisado y la
manipulada programación "cultural" crearán un patrón de uniformidad en las
transmisiones radioeléctricas, lo cual se traducirá en la conversión de
los espacios audiovisuales en sesiones cargadas de monotonía y aburrimiento,
que terminarán por arrebatarle a los más pobres la única posibilidad de
entretenimiento y diversión, en un país en el cual salir con la familia
representa un gasto prohibitivo para gran parte de la población.
5) El Derecho a la Privacidad: al
permitirle al señor Presidente
de la República hacer uso indefinido de todas las señales radioeléctricas,
y hacer obligatoria la concesión de 70 minutos semanales al gobierno para
sus mensajes "institucionales", la Ley convierte al Estado en un invasor
de la privacidad del ciudadano, introduciéndose a la fuerza en su entorno y
en su vida.
Por éstas y muchas otras razones, los ciudadanos abajo firmantes
respaldamos el presente documento, impulsado por la Asociación Civil O.I.R.
(Oyentes Interactivos de la Radio), para que usted, Dr. Cantón, haga saber
al mundo - a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- que
en
Venezuela estamos en manos de un gobierno que poco a poco ha ido
construyendo un andamiaje totalitario, y para el cual hacer callar las voces
disidentes (tomando el control de los medios radioeléctricos a través de la
aprobación de una ley a todas luces antidemocrática), representa una pieza
fundamental hacia el logro de sus objetivos.
No obstante, una gran porción del pueblo de Venezuela agotará todos los
recursos legales para impedir la aplicación de dicho código, a sabiendas de
que
nuestros esfuerzos serán inútiles, debido a la entrega incondicional de
todos los poderes públicos a la voluntad de hierro de nuestro
caudillo-presidente.
Por tales razones, no consideramos esta comunicación como un salto
institucional; más bien, Dr. Cantón, es una medida de emergencia emanada de
un pueblo que no tiene claro hasta cuando tendrá la libertad de expresarse.
Por todo lo antes expuesto le enviamos esta señal de alerta para que
usted
se convierta en el transmisor de estas inquietudes ante nuestros vecinos de
América; ya que, de aprobarse la Ley de Responsabilidad Social de la Radio y
Televisión, habría razones más que suficientes para aplicar al gobierno
venezolano las sanciones establecidas en la Carta Democrática Interamericana.
Confiamos en los buenos oficios de la Organización que usted dirige;
por lo cual dejamos en sus manos este mensaje de alerta.
Sin más, los respetuosos de la pluralidad, quienes somos capaces de
dar la
vida por la libertad, quienes no venderemos nuestra dignidad. Reciba, pues,
un
abrazo de los demócratas de Venezuela.
Firmamos por O.I.R.:
Renán Acosta Juan Carlos Ortega
(Directivo Fundador) (Directivo Fundador)
Magalí Gedler José González
(Directivo Fundador) (Directivo Fundador)