Duro cuestionamiento de la SIP a la Ley de contenidos de Venezuela
Caracas (7 de diciembre de 2004).-- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó ayer una profunda crítica contra la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión de Venezuela “por su clara intromisión en los contenidos de los medios de comunicación y restricción de la labor informativa y de opinión de los periodistas, bajo el pretexto de impulsar un horario de protección de los niños y adolescentes”.
El análisis de la nueva ley, comúnmente llamada ley de contenidos o ley mordaza que puede quedar sancionada en forma definitiva este martes, se produjo durante el “Foro de Emergencia: libertad de prensa en Venezuela”, organizado por la SIP en conjunto con el Bloque de Prensa Venezolano.
Al cierre de la jornada, el presidente de la SIP, Alejandro Miro Quesada, dijo que la nueva ley delata una situación compleja que requerirá de la prensa y los periodistas un coraje desmesurado para hacer frente a la censura, a la censura previa y también a la autocensura que generará una legislación que permite al gobierno sancionar políticamente a los medios de comunicación.
“No nos dejemos engañar. Lo que está en discusión no es un problema de responsabilidad social, no es un problema de horarios protegidos”, dijo Miró Quesada, director del diario peruano El Comercio. Agregó que “lo que está en debate es el derecho de todos los ciudadanos a estar debidamente informados y no solo de lo que el gobierno quiere que se sepa, tal como sucede en Cuba. ¿Es eso lo que los venezolanos quieren?, estoy seguro que no”.
La ley de contenidos además de establecer un horario de protección para niños y adolescentes prohíbe entre las 5 de la mañana y las 11 de la noche toda programación o noticiero que contenga formas de violencia moderada. Entre otras críticas vertidas en el foro, se expresó que la legislación consagra la censura previa y le otorga al Gobierno la potestad para suspender, sin mediación judicial, las programaciones de radio y de televisión cuando considere que puedan atentar contra el orden público o la seguridad nacional. No podrán transmitirse informaciones contrarias a la información veraz e imparcial, principios establecidos en la Constitución de 1999.
En materia de honor y reputación la ley brinda un escudo de protección especial para los funcionarios públicos, creando la figura del desacato. Cada medio de comunicación y sus directivos serán solidariamente responsables de las expresiones de cualquier persona que sea presentada en programas en vivo. Se establece que el 60 por ciento de la programación debe ser nacional y un 60 por ciento de ésta debe ser realizada por productores independientes, autorizados por el Gobierno. El Gobierno podrá disponer a su arbitrio y en los horarios que libremente disponga, de 70 minutos semanales para sus propias transmisiones a través de las emisoras del país.
Se establecen comités de usuarios y un directorio de responsabilidad social, los que nombrados por el Ejecutivo, a través de un ente regulador, decidirán sanciones, multas y hasta el cierre de medios.
El abogado constitucionalista venezolano, Asdrúbal Aguiar, manifestó que con la nueva ley de contenidos “se cierra el círculo de la arquitectura constitucional totalitaria cuya tendencia comenzó con la falta de independencia de los poderes públicos”.
Aguiar sostuvo que la ley de contenidos socava el carácter privado de los medios para convertirlos en medios públicos. “Hoy quien no piense en términos educativos y culturales en un modo consistente con el pensamiento bolivariano y su Constitución de 1999, no tendrá medios a través de los cuales pueda expresarse. Esta ley restringe la capacidad de los venezolanos para estar informados en forma plena y plural, ya que, toda información que, a juicio del Gobierno y no de un juez, atente contra la seguridad nacional, no podrá transmitirse”.
En referencia a una estrategia del gobierno para limitar la libertad de prensa y de expresión, varios panelistas se refirieron a otros proyectos de ley como la legislación contra el terrorismo y de responsabilidad ciudadana, cuyos contenidos, de aprobarse, regularán la actividad periodística.
En ese sentido, Alberto Arteaga, abogado y profesor de Derecho Penal, agregó que la ley es parte de una estrategia más amplia en contra de la libertad de prensa. Se refirió a que esta semana entrará en vigencia la reforma parcial del Código Penal venezolano que preserva el delito de desacato contra el Presidente y otros funcionarios públicos y aumenta las penas carcelarias y multas por los delitos de difamación e injurias, lo que impactará directamente contra medios y periodistas.
El presidente de la Comisión de Chapultepec, Sergio Muñoz, reaccionó diciendo que sin medios independientes, sin garantías para su funcionamiento libre, sin autonomía en su toma de decisiones y sin seguridades para el pleno desarrollo de ella, no hay libertad de expresión
Marcel Granier, director de Radio Caracas Televisión, dijo que la ley es un ejemplo evidente de cómo el proceso de pérdida de libertad sigue su marcha en Venezuela. Agregó que la nueva regulación tiene “un poder extorsionador, ya que le brinda al funcionario público la discrecionalidad para imponer sanciones en montos elevados y decidir el cierre definitivo del medio”. Recalcó que el principio de veracidad que se ordena, no es otra cosa que la exigencia de que las informaciones se atengan a la “verdad oficial”.
Por su parte, Jorge Santistevan, abogado constitucionalista peruano e invitado al foro en calidad de experto, dijo que el valor de la veracidad es propio de la deontología profesional y no debe imponerse. “Lo grave es que no será un juez el que determina la veracidad sino una autoridad administrativa”.
Santistevan señaló que la ley de contenidos “está claramente opuesta al Art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y a la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión”.
A pesar de que varios panelistas manifestaron que en el país ya no existen sistemas de control debido a la dependencia de los poderes públicos con el Poder Ejecutivo y a que el gobierno no respeta tratados internacionales en materia de derechos humanos, Santistevan insistió en que la ley debe contrarrestarse con los mecanismos legales internos y que se debe llevar el reclamo a foros jurídicos internacionales.
Ante más de 200 personas que acudieron al foro, Miró Quesada prometió que la SIP se mantendrá alerta y vigilante ante el proceso de aplicación de la nueva reglamentación para denunciar todos los ataques contra la libertad de prensa y de expresión.
Además de Miró Quesada, Muñoz y Santistevan, la delegación de la SIP estuvo compuesta por Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa.