BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Derechos Civiles y Políticos: Derecho a la Integridad Personal
Provea registró un total de 318 denuncias de casos, colectivos e individuales, de violaciones al derecho a la integridad personal, que afectaron a 848 personas. Estos datos acusan un significativo incremento del 49,5% con respecto al período anterior, en el que se registraron denuncias sobre 567 personas afectadas. Al igual que en lapsos anteriores, el sector más vulnerable fue el de los hombres con 433 víctimas (76%); también 112 mujeres (24%) fueron agredidas por funcionarios de los cuerpos de seguridad; en tanto que 139 niños, niñas o adolescentes (25%) resultaron agraviados, lo que refleja un incremento del 82,9% con respecto a los 76 del año anterior.
De los cinco patrones analizados, 4 registran incremento. Bajo el patrón de tortura (58 víctimas), el aumento fue del 93,3% en relación con el registro de víctimas del lapso anterior (30). Los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes aumentaron en la misma proporción, para un total de 491 víctimas, 93,3% más que durante el lapso pasado (254). En el reglón de heridos el incremento fue del 32% con 157 víctimas, a diferencia de las 119 del lapso anterior. Los allanamientos ilegales acusaron un aumento del 11% en el número de víctimas (60) frente a las 54 de la coyuntura pasada. A diferencia de estos, la excepción se registró en el patrón de amenazas u hostigamientos, donde el descenso fue del 25,5% (82) en relación con el período anterior (110). No obstante, bajo este patrón de violación, el 50%, (41) afectó a activistas de derechos humanos y/o víctimas, testigos o familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos.
Del total de las víctimas de torturas, 4 personas murieron como consecuencia de los malos tratos ocasionados por los funcionarios implicados, a diferencia del lapso pasado cuando se registró solo un caso de muerte en estas circunstancias.
La mayoría de las denuncias de violación a la integridad personal recaen sobre los organismos dependientes del poder central, quienes agrupan el 53,3% del total. Entre ellos, la GN registró el mayor número de víctimas (329). Las policías regionales en su conjunto fueron responsables del 31% de las denuncias. La PE Aragua con 83 víctimas (9,8%) fue la más denunciada. El conjunto de policías municipales registraron un total de 82 víctimas (9,7%) y la actuación de distintos cuerpos de seguridad en acciones conjuntas afectó a 47 personas (5,5%).
Del total de violaciones al derecho a la integridad, 303 (35,7%) ocurrieron en el contexto de La Guarimba. De estas, 218 (72%) se trató de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 75 (24,8%) fueron heridos, 5 (1,7%) fueron torturadas y 5 (1,7%) sufrieron de allanamientos ilegales a sus viviendas. Aun cuando no contamos con datos sobre la presunta responsabilidad estatal de todas las amenazas conocidas en el período, y por ello no lo incluimos en las cifras generales de denuncias de violación a la integridad personal, es importante resaltar las amenazas de las que han sido víctimas 29 fiscales del Ministerio Público (MP) desde el año 2002 hasta el presente. La mayoría de estas amenazas se realizaron a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos e incluso ocurrieron varios atentados.PROVEA, Caracas, 2004.12.10