BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Derechos Civiles y Políticos: Derecho a la Seguridad Ciudadana
El resultado del análisis del derecho a la seguridad ciudadana es claramente negativo. Los principales indicadores sobre delitos continúan en aumento y no se registraron cambios significativos en el manejo del problema por parte del Estado; por el contrario, se siguen repitiendo políticas de control voluntaristas, antidemocráticas, inconstitucionales y violentas, en ausencia de políticas efectivas de prevención social. Además, continúan distribuyéndose de manera inequitativa los recursos de protección públicos. Es decir, reciben más protección del Estado quienes están más protegidos y quienes son menos vulnerables.
El registro de los delitos totales casi no sufrió alteraciones interanuales, mientras que los homicidios siguen su tendencia ascendente. En el ámbito nacional, se registró un incremento del 17,9% en el número de homicidios del año 2003 (11.342) con respecto al 2002 (9.617). Las entidades federales con mayor incremento fueron: Yaracuy con 110,4% (77 en 2002 y 162 en 2003); Táchira con 60,1% (278 en 2002 y 445 en 2003); Barinas con 44,9 (136 en 2002 y 197 en 2003) y Falcón con 41,4% (116 en 2002 y 164 en 2003). La tasa de homicidios por 100.000 habitantes fue de 49, siendo esta la más alta registrada desde el año 1990. Como en años anteriores, Caracas concentró el mayor número de homicidios y se sitúa en la primera posición, con una tasa de 134 por cada 100.000 habitantes. Le siguen los estados Vargas, con una tasa de 82; Carabobo con 64; y Miranda y Bolívar, ambos con 52.
A la cifra de homicidios se deben añadir los datos de las personas que perdieron la vida en acciones policiales presentadas como legítima defensa «en enfrentamientos», que en el 2003, según el CICPC, fueron 2.305 civiles muertos. Según informó el Ministro del Interior y Justicia, estas muertes no están siendo registradas como homicidios por el CICPC. La mayoría de estos decesos ocurrieron en condiciones que sugieren un uso no excepcional, innecesario o desproporcionado de la fuerza. Un indicador de ello es la relación entre civiles y funcionarios muertos, que compara en iguales situaciones (enfrentamientos) las posibilidades de morir de un agente del Estado y un civil. Según los datos, durante el período, por cada funcionario de seguridad del Estado muerto en enfrentamiento murieron 49 civiles, mientras que en el lapso anterior la relación fue de 39. Con la suma total de las muertes violentas, tanto las cometidas por particulares como por la policía, el total de víctimas letales de la violencia asciende a 13.646. La mayoría de las víctimas fueron jóvenes de sexo masculino, entre 15 y 24 años, pobres y negros, habitantes de los sectores populares urbanos. La aproximación cuidadosa de las cifras revela las profundas diferencias de vulnerabilidad social frente a la crisis de seguridad pública. Así, mientras la Parroquia Macarao del Municipio Libertador (Caracas), habitada por sectores populares, alcanzó una tasa de homicidios de 194 por 100.000 habitantes; en el Municipio El Hatillo (Caracas), habitado fundamentalmente por sectores de ingresos altos y medios, la tasa fue de 13.PROVEA, Caracas, 2004.12.10