INTERNATIONAL FREEDOM OF EXPRESSION EXCHANGE
Gobierno hace mas restrictivas las leyes de "desacato"
En toda América Latina, un
número creciente de Gobiernos está revocando las leyes llamadas de "desacato"
que protegen injustamente a los funcionarios del escrutinio y la crítica del
público. Sin embargo, en Venezuela, el Gobierno está moviéndose en la dirección
opuesta y aprueba enmiendas al Código Penal del país acerca de las cuales los
grupos de libertad de prensa advierten que pueden restringir aún más la
capacidad del público de vigilar las acciones gubernamentales.
Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras (Reporteros sin Fronteras, RSF) y
el Committee to Protect Journalists (Comité por la Protección de los
Periodistas, CPJ) expresaron inquietud por la enmienda al Código Penal, que
entró en vigor el 16 de marzo de 2005.
Las enmiendas amplían el alcance de las estipulaciones existentes que convierten
en un delito penal injuriar o no mostrar respeto por el Presidente y otras
autoridades gubernamentales, dice Human Rights Watch. Actualmente, el
Presidente, el Vicepresidente, los ministros del Gobierno, los gobernadores de
los estados y los jueces de la Suprema Corte están protegidos del desacato según
la ley. Las enmiendas amplían la protección a más funcionarios gubernamentales,
incluyendo el procurador general, los legisladores de la Asamblea Nacional y
altos líderes militares. Cualquiera que sea condenado por "faltar al respeto" a
esos funcionarios puede ser encarcelado hasta por 20 meses.
Otras enmiendas aumentan las penas por difamación y calumnia, señala Human
Rights Watch. Las penas por difamación han aumentado a un máximo de 30 meses de
cárcel a un nuevo máximo de cuatro años si la declaración se hace en un
documento distribuido al público. Los condenados también deberán pagar una multa
de hasta 2,000 unidades tributarias (actualmente equivalentes a más de USD
27,000). La pena por difamación aumenta de una máxima pena de cárcel de tres
meses a un nuevo máximo de dos años.
Las enmiendas al Código Penal contravienen las normas internacionales sobre la
libertad de expresión, dice el relator especial de libre expresión de la
Organización de Estados Americanos, Eduardo Bertoni. El experto en derechos
humanos dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el ala
de derechos humanos de la OEA, considera que las leyes de "desacato" son
incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos. Venezuela es un
signatario de esa convención.
"Las leyes de desacato proporcionan más protección a los funcionarios
gubernamentales que a los ciudadanos particulares, en violación directa a los
principios fundamentales de un sistema democrático que somete al Gobierno a
controles, como el escrutinio público, para evitar y controlar los abusos de sus
poderes coercitivos", dice Bertoni.
En los últimos años, Argentina, Costa Rica, Paraguay y Perú revocaron las leyes
de "desacato", mientras Chile y Panamá están estudiando las leyes para hacerlo.
http://www.ifex.org/es/content/view/full/65834/