SIP ante caso Patricia Poleo y Reforma del Código Penal, 2005.02.02
Preocupa a la
SIP la Reforma al Código Penal de Venezuela C
ausa alerta violación del secreto profesional de una periodista
Miami (2 de febrero del 2005)
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
Expresó su
profunda preocupación frente a la sanción de la reforma al C digo
Penal de Venezuela por parte de la Asamblea Legislativa, que
establece serias limitaciones a la libertad de prensa y de
expresión.
La Ley de Reforma Parcial del C digo Penal aprobada recientemente,
y por iniciativa del Poder Ejecutivo, destaca en los artículos 148
y 149 sobre la figura del desacato que contradicen la doctrina
interamericana de libertad de expresión, en los cuales se estipula
el castigo contra aquellas personas que ofendieren de palabra o
por escrito al Presidente y a otros funcionarios del gobierno,
jueces y legisladores.
La SIP también lamentó la existencia de varias normas que aumentan
las penas de prisión sobre los delitos de difamación, en los
artículos 444 y 446, as como sanciones contra personas que se
manifiestan pública o privadamente, como estipula el artículo 508,
entre otras medidas restrictivas.
Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa
e Información, alertó sobre las amenazas que esta reforma conlleva
para la libertad de prensa. "Sumado a la reciente sanción de la
Ley de Contenidos, el aumento de las penas es una clara evidencia
de que en Venezuela el Gobierno procura, justificándose en sus
propias iniciativas legislativas, crear una cultura del silencio".
En ese sentido, Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa
Libre, también hizo referencia al allanamiento de la residencia de
la periodista venezolana Patricia Poleo y el consiguiente inicio
de un proceso judicial en su contra, que podrán tener como origen
silenciar el estilo de denuncia que caracteriza a la comunicadora.
El 28 de enero, las autoridades registraron la vivienda de Poleo
en busca de información que pudiera delatar las fuentes de
información que la periodista utilizó para informar sobre
presuntos actos de corrupción cometidos por el fiscal Danilo
Anderson, asesinado en un atentado explosivo en noviembre pasado.
Marroquín adelantó que a la SIP "le preocupa el curso de los
acontecimientos en contra de la prensa en Venezuela" y a además
que se "mantendrá alerta ante este proceso judicial", toda vez que
puede significar la violación del secreto profesional periodístico
y "una forma burda de intimidación con el efecto de conseguir la
autocensura en los demás periodistas y medios de comunicación, y a
acallar a las fuentes de información".
La reserva de las fuentes está amparada en el artículo 8 de la Ley
de Ejercicio del Periodismo, vigente en Venezuela desde 1994,
garante que también se especifica en tratados y documentos
internacionales, como la Declaración de Principios sobre Libertad
de Expresión de la Organización de Estados Americanos.