Venezuela
Resolución de la Reunión de Medio Año
Panamá, Panamá
11 al 14 de marzo de 2005
CONSIDERANDO
que en Venezuela los poderes del Estado se han venido supeditando a la exclusiva
voluntad del presidente de la República, con mengua de los principios de
independencia y separación de poderes inherentes a la democracia y al
funcionamiento del Estado de Derecho, todo lo cual ha ocurrido de manera
deliberada, a objeto de encubrir bajo fórmulas legales amenazas, violaciones y
agresiones contra la libertad de expresión y de prensa.
CONSIDERANDO
que la reciente aprobación, por la Asamblea Nacional mediante una cuestionable
mayoría simple, de la Ley Orgánica del Tribunal Suprema de Justicia, de la Ley
de Responsabilidad Social de Radio y Televisión o Ley de Contenidos, y de la
Reforma del Código Penal, son prueba fehaciente de lo anterior y dado que, en su
conjunto, sujetan a los dictados gubernamentales la Administración de Justicia
la regulación de los contenidos de la información y de la programación
transmitida por la radio y la televisión privadas, amén de la consagración de
las leyes de desacato y la "criminalización" de la opinión pública disidente.
CONSIDERANDO
que dicho cuadro institucional y legislativo, dado los riesgos que implica para
la libertad e integridad personal, viene provocando un ambiente paulatino de
autocensura en los medios de comunicación social y en los comunicadores, que se
ha traducido en la eliminación de numerosos programas de opinión transmitidos
por radio y televisión, agravado luego de la afirmación del magistrado
presidente del Tribunal Supremo de Justicia, a cuyo tenor toda sentencia
judicial contraria a la revolución será anulada y destituidos los jueces que las
suscriban.
CONSIDERANDO
que la Sociedad Interamericana de Prensa ha venido constatando el paulatino
deterioro del clima de libertades democráticas y de respeto por la libertad de
expresión y de prensa en Venezuela durante las distintas visitas por sus
autoridades a dicho país.
CONSIDERANDO
que han continuado y se han profundizado los atropellos del gobierno en contra
de comunicadores por expresar sus ideas e informar oportunamente, siendo de
destacar los casos de los periodistas Patricia Poleo, Ibéyise Pacheco, Tamoa
Calzadilla, Rafael Poleo, y del Abogado Tulio Álvarez, quienes han sido sujetos
sea de imputaciones penales, sea de condenas a prisión; al igual que el caso de
los fotógrafos del diario El Carabobeño, Adalberto Pérez Ramírez y César Pérez,
detenidos por intentar tomar gráficas en zonas adyacentes a las instalaciones
militares de la ciudad de Maracay, para constatar la información del presidente
de la República dada desde Uruguay y según la cual el pueblo se había
concentrado para defenderle de una eventual insurrección.
CONSIDERANDO
las presiones a las que han estado sometidos recientemente los medios
radioeléctricos, víctimas de multas desproporcionados impuestas por el Gobierno,
y algunos de cuyos comunicadores han sido sancionados penalmente o se les han
suspendido sus programas de radio o televisión, como es el caso de los
periodistas Napoleón Bravo, Marta Colomina, Ana Karina Villalba, José Domingo
Blanco, Isa Dobles y del abogado Asdrúbal Aguiar.
LA REUNION DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE
condenar la conducta del gobierno venezolano, orientada a cercenar las
libertades democráticas, reducir las garantías propias al Estado de Derecho, y
con ello aniquilar la libertad de expresión y de prensa.
Insistir, una vez más, ante los organismos internacionales y hemisféricos, en
particular, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría
para la Libertad de Expresión, para que cumplan con sus deberes institucionales
y se pronuncien sobre las reiteradas violaciones a la libertad de expresión y
prensa que tienen lugar en Venezuela, las cuales implican transgresiones
abiertas a la Carta Democrática Interamericana, a los Principios sobre Libertad
de Expresión de la OEA, y a la Declaración de Chapultepec.