Comunicado de la SIP
El ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela
Informe del doctor Juan Manuel Carmona Perera
Vicepresidente regional Sociedad Interamericana de Prensa (S.I.P.)
Reunión de Medio Año
Panamá
Marzo 2005
Señores delegados:
Se celebra esta Reunión de Medio Año en circunstancias que no podrían ser más
graves y gravosas para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en
Venezuela; y, de suyo, en un momento en que nuestras libertades democráticas
menguan aceleradamente y se compromete, incluso, nuestra paz como nación. Y no
exageramos al afirmar esto.
Luego de que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, superara durante el pasado
año el referéndum revocatorio de su mandato y se hiciera de la casi totalidad de
los gobiernos regionales y municipales del país, en procesos eleccionarios cuyas
gravísimas irregularidades tardíamente confesaran el Centro Carter y la OEA en
sus informes respectivos, decidió el Mandatario cumplir sus amenazas -a pesar de
las prevenciones realizadas al respecto por la misma OEA, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones como America's Watch -al
decidir, finalmente, el asalto al Poder Judicial, la proscripción y castigo
penal de la disidencia de opinión, el control de los contenidos de todas las
programaciones que transmite la red privada de radio y de televisión.
Así, con una mayoría simple -por ende inconstitucional- reunida por los
diputados oficialistas en la Asamblea Nacional, fue aprobada la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia, que eleva desde 20 hasta 32 el número de los
magistrados de dicho alto tribunal; y, con el voto de la misma e írrita mayoría
oficialista, fueron designados los nuevos magistrados sin mediar concursos de
credenciales, omitiéndose la norma constitucional sobre participación ciudadana,
con lo cual se benefició de manera grosera y abierta a militantes probados de la
revolución.
El Magistrado elegido como nuevo Presidente del supremo tribunal, al inaugurarse
en sus funciones despejó cualquier duda sobre la independencia de sus decisiones
o sentencias, del género que fuesen, señalando, sin rubor, que estarían
supeditadas a su condición de revolucionario y de militante comunista; y
precisando, por si fuese poco y como criterio de lo que será su conducta
pública, que `los medios de comunicación y periodistas deben estar al servicio
de la verdad y sólo de la verdad´ y que `todo juez que emita juicio en contra de
los principios revolucionarios, será destituido y anulada su sentencia´.
A la par, otro de los magistrados, a inicios del año judicial en curso, expresó
públicamente que:
`Tan sancionable es la conducta del agente de orden público que abusa de su arma
de reglamento y con ella quita la vida injustificadamente a un ciudadano, como
el periodista que a través del micrófono o con la máquina impresora agrede,
ofende, difama o agravia a un ciudadano que cumple una función dentro del
Estado. En ambos casos -según él- se viola una norma y por ello se comete un
delito; en ambos casos -adiciona el magistrado- los actores de semejantes
conductas son unos delincuentes´. `La nueva realidad de la patria impone
concebir un nuevo juez o jueza cuyo perfil se acople a la nueva estructura
institucional... sin que desmaye ante presiones externas, como muchas veces
sucede con los medios de comunicación social cuando éstos crean una matriz de
opinión contraria a la verdad procesal, exponiendo al funcionario al escarnio
público...´. `Que se aplique un sistema de justicia donde los jueces y juezas
actúen de acuerdo a la justicia bolivariana´. `Quienes no se sientan
identificados con ese proyecto de rescate de la justicia, deben darse de baja´,
finaliza diciendo este magistrado del Tribunal Supremo, designado por obra de la
novísima Ley Orgánica mencionada.
Mas luego, la Asamblea Nacional, otra vez con el voto de la mayoría simple de
diputados gubernamentales, decidió aprobar la conocida por ustedes y muy
cuestionada Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión o Ley Mordaza:
que estatiza de hecho el sistema de radio y de televisión privado, controlando
sus horarios y programas, en modo tal que el Gobierno cumpla su propósito real,
antes oculto, justo el que animó la redacción de la ley y que hoy ha revelado el
presidente Chávez, cuando comentó el objeto de su nueva política comunicacional:
`Divulgar y contribuir a la formación e identificación de la población con los
valores, ética e ideología de la revolución bolivariana. Desarrollar [una]
estrategia de divulgación e información hacia EEUU para neutralizar elementos de
acción imperial contra Venezuela. [Y] educar a la población en los principios
militares de disciplina, amor a la patria, y obediencia´.
Por obra y consecuencia de la mencionada Ley de Contenidos, el Estado no sólo
podrá `expropiar´ los tiempos de transmisión para diponerlos a su servicio, sino
que, sin mediación judicial y por razones alegadas de seguridad nacional,
también podrá suspender cualquier programa de radio y de televisión: sin mengua
de las sanciones administrativas, civiles y penales que puedan recaer sobre los
responsables de atentar contra la misma en particular, como medios respectivos y
de los periodistas a su servicio.
Finalmente, aprobó igualmente la Asamblea una reforma de la legislación penal
sustantiva, para trasladar los efectos punitivos de su señalada Ley Mordaza,
hacia la prensa escrita y hacia todo aquel ciudadano que opine y disienta del
credo de la revolución.
La reforma del Código Penal, en efecto, no sólo consagra en su mayor amplitud
las conocidas `leyes del desacato´; antes bien y por sobre `criminaliza´ la
disidencia política y de opinión.
Dos artículos del texto de esta ley de reforma son más que suficientes para
ilustrar ante ustedes cuanto decimos:
`Artículo 297 A. Todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas
por cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos
electrónicos o escritos panfletarios, pretenda causar o efectivamente cause
pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será castigado con prisión
de dos a cinco años. [Omissis]'
`Artículo 508. Todo el que, con gritos o vociferaciones, con abuso de campanas u
otros instrumentos, o valiéndose de ejercicios o medios ruidosos, haya
perturbado las reuniones públicas, o las ocupaciones o reposo de los ciudadanos,
será penado con arresto de hasta por un mes y con multa hasta de cien unidades
tributarias, aumentándose de uno a dos meses de arresto y multa de doscientas
unidades tributarias en el caso de reincidencia en la misma infracción.
Si el hecho ha sido cometido contra la persona del Vicepresidente Ejecutivo de
la República, de algunos de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia,
[omissis], miembros de la Asamblea Nacional, de los Consejos Legislativos de los
estados, [omissis], podrá imponerse arresto de tres a cuatro meses y la multa
podrá ser de hasta 500 unidades tributarias´.
El Bloque de Prensa Venezolano, organización que agrupa en su seno a la mayoría
de los medios impresos nacionales, protestó públicamente estas leyes, por
violatorias de los derechos humanos y de la esencia misma de la democracia y
que, indefectiblemente, potencian la autocensura y la liquidación definitiva de
la libertad de expresión.
Es éste, pues, sin distorsiones, el marco dentro del que opera la llamada
`democracia bolivariana, participativa y protagónica y Estado de Derecho y de
Justicia´ que tanto vende hacia el extranjero su artífice principal: Hugo
Chávez. Y es éste el marco que sujeta nuestro ejercicio de libertad de expresión
y de prensa.
No huelga señalar que el Gobierno seguirá diciendo que no ha cerrado medios en
Venezuela. Y es que no necesita, de suyo, cerrarlos; dada la castración a que
los ha sometido en el ejercicio de sus responsabilidades sociales de
comunicación e información, usando para ello de las formas legales, pero
vaciándolas previamente de todo contenido democrático.
La SIP ha mostrado su preocupación ante estas circunstancias y que explican las
visitas repetidas de sus autoridades a Venezuela, entre éstas, el presidente de
nuestra Sociedad, doctor Alejandro Miró Quesada, a quien los editores
venezolanos le estamos eternamente agradecidos.
Antes de enunciarles, como es costumbre, los casos particulares sobre violación
al derecho a la libertad de expresión y de prensa más reciente, permítasenos
informarles con crudeza y con apoyo en documentos oficiales del propio gobierno
venezolano, sobre el panorama todavía más grave que nos espera, a los
venezolanos y a los demás países del hemisferio. Y es nuestra obligación
contarles esto, pues uno de los deberes fundamentales e históricos de la prensa
es el ejercicio del control del poder en sus desafueros y desviaciones mediante
una oportuna información a la opinión pública, y en nuestro caso sin concesiones
en defensa de los principios contenidos en la Declaración de Chapultepec.
Luego de unas jornadas organizadas por la Presidencia de la República y
realizadas entre los días 12 y 13 de noviembre del pasado año, el presidente
Chávez expuso ante sus seguidores y ante oficiales generales, superiores y
subalternos de la FF.AA., las líneas maestras de La Nueva Etapa, La Nueva
Estrategia de su revolución: Que implica el tránsito desde la fase en curso, de
consolidación interna, hacia otra fase de confrontación externa y de exportación
de la revolución.
En cuanto a la consolidación de su poder interno, el Jefe de Estado venezolano
anunció la creación, con apoyo de las misiones cubanas, de unidades de batalla
endógena para el control social y popular de la misma población. Asimismo,
ordenó, en términos exactos, perseguir y hostigar a los opositores para impedir
que se reorganicen. Y la razón de ello huelga. Las palabras del Presidente son
más que reveladoras:
`Si no hubiésemos hecho la cedulación´ [recordemos aquí la denuncia sobre la
cedulación como venezolanos dispuesta por el gobierno de Chávez y que benefició
a 500.000 colombianos residentes en la frontera, entre ellos a los miembros de
las FARC y del ELN, quienes votaron durante el referéndum revocatorio
presidencial]; `si no hubiésemos hecho la cedulación -repito las palabras de
Chávez- hasta el referéndum revocatorio lo hubiésemos perdido, porque esta gente
(la oposición) sacó 4 millones de votos´. `Y fue cuando empecé a pedirle apoyo a
Fidel... -agrega Chávez- y él me dijo: Si algo sé yo es de eso, cuenta con todo
mi apoyo´.
En el ámbito de lo económico y del control popular sobre la sociedad, el mensaje
de Chávez al que hacemos referencia, no se ahorra en propósitos y señala que
implementarán el modelo de `cogestión´ de las empresas y avanzarán hacia la
`reestructuración del sistema de garantías y financiero privado´.
Chávez aclara luego, lo dice y no lo dice a la vez para ser cuidadoso, sobre el
destino final de sus acciones, que se orientan sin duda a la instauración de un
régimen comunista en Venezuela, aseverando lo siguiente:
`No nos estamos planteando eliminar la propiedad privada... Hasta allá no
llegamos. No, pero nadie sabe lo que ocurrirá en el futuro, el mundo se va
moviendo... No es el momento´.
En los predicados anunciados para La Nueva Etapa, tampoco se ahorran palabras y
se describe hasta la saciedad todo cuanto se propone el régimen bolivariano en
relación con los demás países del continente, y que el señor Chávez tuvo la
audacia de resumir en la idea de la Guerra Mundial del siglo XXI, anunciada
desde Montevideo.
El nuevo Pensamiento Militar según lo confirmara recién, el inefable general
López Hidalgo, Secretario de Defensa de la Nación, avanzará hacia la guerra
asimétrica o de guerrillas y para ello ya se está equipando actualmente a la
FF.AA. con vistas a su primera misión, que describe el documento sobre La Nueva
Etapa así: `desarrollo de acciones defensivas en la zona fronteriza con Colombia
(...) por la implementación del Plan Colombia´. Acciones defensivas que han de
entenderse, según tal documento y a tenor de la exégesis que de él hizo Chávez,
como dirigidas al autor del plan en cuestión: el presidente George W. Bush.
Junto al ordenado equipamiento de la FF.AA., lo dice el documento oficial en
cuestión, se instruyó a gobernadores y alcaldes para que organicen la reserva
militar popular; identificando a cada `patriota´ en su caserío según que `uno de
ellos sea tirador de fusil, francotirador, o lanzador de granadas´.
Las palabras de Chávez no son nada ambiguas ni se reducen a amenazas.
`Utilizaremos todas las estrategias posibles, desde una defensa móvil frente al
gigante hasta el ataque´, precisa el Gobernante.
El objetivo final no aparece oculto en el papel sobre La Nueva Etapa. Tanto que
el propio Chávez anunció a sus seguidores que `la estrategia de su revolución es
quebrar ese eje `monroísta' dominada por el Pentágono y conformado por
Bogotá-Quito-Lima-La Paz-Santiago de Chile´.
Chávez ha declarado, en suma, que el momento de la guerra del siglo XXI ha
llegado; de donde, no sólo la estimula y quiere como parte de la etapa de
confrontación externa y de exportación de su revolución. La idea que anida en el
fondo de su trance intelectual y que revela en su discurso no deja espacio para
las dudas.
`Creo que no es un sueño, creo que nunca antes en América se había dado una
situación como ésta. Hace tres años atrás éramos sólo Cuba y Venezuela´.
Venezuela vive, en suma, un régimen dictatorial en cierne, de inspiración
marxista, que usa estrategias militares, que se cubre con un manto inequívoco de
populismo, y que usa y manipula en su favor las formas legales de la democracia.
Por ello y por ahora se le permiten ciertos `lujos´ los venezolanos a modo de
disfraz o de distracción de la opinión pública, hasta tanto logra Chávez y su
régimen afianzarse en los despropósitos.
No deben olvidar los editores del hemisferio que la suerte de Venezuela y
nuestro drama, es propio y también ajeno, como desde ya lo anuncia Chávez en su
documento sobre La Nueva Etapa. No olviden, por ende que las grandes tragedias
de la humanidad, como nos lo muestra la historia de todos los siglos, siempre
fueron hijas de los mesianismos.
Así las cosas, estimados colegas, directivos y miembros de la SIP, les referiré
brevemente y a título enunciativo, como es la costumbre, algunos casos puntuales
que implican violencias específicas a la libertad de expresión y de prensa en
Venezuela por hechos del Estado.
El Gobierno ha desatado una abierta y descarada persecución, abusando inclusive
del control férreo que ejerce sobre el Poder Judicial y sobre el Ministerio
Público, para acallar a los periodistas y medios de comunicación. No se trata de
amenazas.
A la periodista Patricia Poleo, se le allanó su residencia y se le abrió causa
penal para que haga entrega de documentos que han servido de soporte a sus
últimos escritos, detallando que el fiscal Danilo Anderson, asesinado y
declarado mártir por la revolución, fue víctima de una acción de bandas de
extorsionistas a las que, supuestamente, estuvo vinculado. Otro tanto ha
ocurrido, por motivos similares, con la periodista Tamoa Calzadilla, quien fue
ya imputada penalvente y por requerimiento personal del propio Fiscal General de
la República y antiguo Vicepresidente de Chávez.
Fue detenido, en fecha reciente y en un aeropuerto del interior del país, el
periodista y editor del periódico El Nuevo País, Rafael Poleo, miembro de esta
Sociedad. Se alegó la existencia de una orden de detención del año 1991, causa
en la que se le había otorgado indulto en 1993, impresiona, pues, como excusa
cierta para ejercer una acción coercitiva que silencie definitivamente a su hija
Patricia Poleo.
También le fue dictada privación de libertad a la periodista Ibéyise Pacheco,
luego de seguírsele juicio por difamación agravada y por haberse expresado
incorrectamente, cuando denunció el falseamiento de exámenes universitarios por
un Coronel del Ejército al servicio de la revolución.
En otro orden, los canales de televisión más importantes, fueron sancionados por
el Ministerio de Comunicaciones a pagar cuantiosas sumas de dinero en concepto
de multas, al considerarlos el Gobierno como instigadores, mediante sus
noticias, del paro nacional ocurrido, entre diciembre 2002 y enero del año 2003.
Fue imputado penalmente, asimismo, el periodista Napoleón Bravo, cuyo programa
de televisión, debido a las presiones gubernamentales, fue sacado del aire, como
también acaba de ser clausurado el programa de televisión y de entrevistas
conducido por la periodista Marta Colomina a quien la Comisión y la Corte
Interamericanas de Derechos Humanos habían dado protección con medidas
cautelares. Conviene agregar en este sentido, como periodistas del diario El
Carabobeño, que se edita en Valencia, Estado Carabobo, fueron aprehendidos en la
Base Aérea Libertador, mientras cumplían funciones específicas, relacionadas con
una manifestación, que en su apoyo, anunciaba el señor Chávez desde Montevideo,
Uruguay. Pero los militares de guardia alegaron que se habían tomado fotos en
zona prohibida, por lo que los obligaron a borrarlas, con el compromiso de
suscribir un acta donde se comprometían a no reincidir, como condición para
dejarlos en libertad.
No menos digno de referencia es el caso del doctor Tulio Alvarez, destacado
constitucionalista, quien dedicó un esfuerzo cívico sin par al estudio,
investigción y prueba del fraude electoral fraguado por el Gobierno para torcer
la voluntad popular en el pasado referendo revocatorio presidencial del 15 de
agosto del pasado año; cuyas conclusiones recogió en su informe de gestión el
hoy secretario general de la OEA, César Gaviria.
A renglón seguido, como era de esperarse, se alentó y prohijó desde las más
altas esferas gubernamentales una iniciativa, para que el diputado oficialista y
ex presidente de la Asamblea Nacional, William Lara, incoara demanda penal en
contra del doctor Alvarez. Fundamentando la acción judicial en un escrito
publicado en el periódico. Así es la Noticia, con la firma del susodicho
abogado, donde denunciaba un desfalco en perjuicio de empleados de la Caja de
Ahorros de la Asamblea Nacional, cuando ejercía su administración el diputado
Lara.
Esa opinión de Alvarez, inserta en la prensa y en resguardo del derecho de sus
defendidos, haciendo uso de una libertad consagrada constitucionalmente, le ha
llevado a su condenatoria con privación de libertad, por difamación agravada y
en perjuicio del derecho a la libre expresión del pensamiento que, formalmente,
le reconoce la Constitución venezolana y le aseguran los pactos internacionales
sobre derechos civiles y políticos.
Señor presidente y demás miembros de la SIP:
No quisiéramos concluir nuestro informe sin hacer referencia y agradecer la
distinción de que hemos sido objeto por parte de la SIP y de su presidente,
doctor Alejandro Miró Quesada, al designarnos, en lo personal como
Vicepresidente Regional para la Libertad de Expresión en Venezuela.
Ello constituye motivo de orgullo para el Bloque de Prensa Venezolano, que
siente especial deferencia y la reconoce, igual todo el personal del diario El
Impulso que dirijo, fundado por el abuelo don Federico Carmona en 1904 y que es
hoy el de mayor antigüedad de cuantos circulan en nuestro país.
El historial de El Impulso, en cuya dirección se han turnado varias generaciones
de la familia, se ha conservado una invariable línea de independencia que lo ha
caracterizado, como defensor de la libertad de expresión; lo cual le condujo a
contarse entre los miembros fundadores de esta Sociedad Interamericana de
Prensa, circunstancia que nos obliga en lo personal aún más, a corresponderles
cabalmente en los términos de la confianza que se nos ha depositado.
Panamá, marzo de 2005
Dr. Juan Manuel Carmona Perera