Estados Unidos, México, Cuba y Venezuela, captan especial atención de las autoridades de la SIP en su revisión trimestral de la libertad de prensa en el hemisferio
Resalta
positivamente leyes y proyectos de acceso a la información pública y
eliminación del delito de desacato en Guatemala, Honduras y Panamá.
Miami (22 de julio del 2005).- Las más altas autoridades de
la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) determinaron en una
reunión celebrada hoy en esta ciudad, enviar misiones para
investigar restricciones a la libertad de prensa a Estados Unidos en
relación al secreto profesional y a México por la violencia contra
periodistas y medios de comunicación y exigió la liberación de 24
periodistas en Cuba.
El Comité Ejecutivo de la SIP y el presidente de la organización,
Alejandro Miró Quesada, reiteraron su preocupación por la situación
que se ha suscitado en Estados Unidos por el derecho de los
periodistas al secreto profesional y por el mandato de los jueces a
que revelen sus fuentes informativas, en un caso político que
involucra a la Casa Blanca. Un gran jurado investiga la filtración a
la prensa sobre la identidad de una agente encubierta de la CIA,
hecho considerado un delito federal. La periodista Judith Miller,
The New York Times, se negó a declarar sobre el origen de su fuente
informativa y como consecuencia fue encarcelada el 6 de julio. Otro
periodista, Matthew Cooper, de la revista Time, pudo evitar la
prisión debido a que su fuente confidencial, un funcionario de la
Casa Blanca, lo relevó de la obligación de proteger su identidad.
Sin embargo, Cooper podría ser citado nuevamente a declarar por el
fiscal que sigue el caso, quedando expuesto a ser detenido. La SIP
dispuso enviar en los próximos días una misión al Centro de
Detención en Alexandria, Virginia, para mostrar su solidaridad con
Miller y visitar el Congreso Nacional para dialogar con senadores
sobre un proyecto de ley federal sobre secreto profesional para
periodistas.
Tres países acapararon la atención especial de la SIP en este
trimestre. México, especialmente por asesinato de los periodistas
Guadalupe García Escamilla (16 de abril) y Raúl Gibb Guerrero (8 de
abril) y la desaparición de Alfredo Jiménez Mota (2 de abril).
Venezuela, por la entrada en vigencia de la reforma al Código Penal
y Cuba, por los 24 periodistas encarcelados y su deteriorada salud.
Sobre México, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e
Información, Gonzalo Marroquín, resaltó el hecho de que el
presidente Vicente Fox, ante reiterados pedidos de la SIP, haya
enviado a la jurisdicción federal cuatro casos de periodistas. Sin
embargo, lamentó que no haya avances sobre las investigaciones, en
particular en la de Jiménez Mota, periodista de El Imparcial,
Hermosillo, desaparecido desde hace tres meses. La SIP adelantó que
continuará la revisión de los expedientes de los casos de asesinatos
de Héctor Félix Miranda (20 de abril 1988) y Víctor Manuel Oropeza
(3 de julio de 1991). La reunión sobre el caso Oropeza fue definida
para septiembre próximo, luego que la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México confirmó a la SIP que este crimen no
prescribió, tal como se temía.
En cuanto a temas legislativos, la SIP reiteró su condena sobre la
estrategia gubernamental en Venezuela para mermar la libertad de
prensa a través del Código Penal, cuya reciente reforma consagra la
figura del desacato. También criticó la Ley de Responsabilidad
Social de Radio y Televisión o Ley Mordaza, que autoriza al Estado
el control de los horarios y el contenido de los programas de los
medios de comunicación privados y un proyecto de Ley de
Participación Ciudadana, que dejaría en manos del Estado la potestad
para determinar lo que puede publicar o no la prensa escrita.
En Cuba, se ha intensificado la censura oficial y la discriminación
contra los periodistas independientes. La organización hemisférica
se solidarizó y pidió públicamente al gobierno de Cuba la liberación
de los 24 periodistas encarcelados, 12 de los cuales se encuentran
con serios problemas de salud o han contraído enfermedades en la
cárcel, sin acceso a la debida atención médica: Víctor Rolando
Arroyo, Normando Hernández, Adolfo Fernández Sainz, Fabio Prieto
Llorente, Pedro Argüelles Morán, Pablo Pacheco Avila, Iván Hernández
Carrillo, Juan Carlos Herrera Acosta, Omar Ruiz Hernández, José Luis
García Paneque, Ricardo González Alfonso, Alfredo Pulido López, en
tanto, Mario Enrique Mayo Hernández se encuentra en huelga de
hambre. Desde abril a la fecha emigraron a Estados Unidos, Claudia
Márquez y Manuel Vázquez Portal, mientras que otros periodistas con
licencia extrapenal por razones humanitarias permanecen demorados
por la renuencia del gobierno a otorgarles el permiso de salida o
atascados en un largo proceso en el programa de refugiados de los
Estados Unidos.
En lo positivo, la SIP resaltó la tendencia de gobiernos
latinoamericanos a sancionar leyes de acceso a la información
pública que se sumarán a las de Ecuador, Jamaica, México, Panamá,
Perú y República Dominicana. Existen proyectos de ley en esta
materia en Argentina, Guatemala, Nicaragua y Paraguay, entre otros
países. La SIP también expresó su preocupación por la reciente
sanción del Congreso del Perú de una legislación sobre inteligencia
que contradice preceptos de la ley de acceso a la información
vigente desde el 2002.
El Comité Ejecutivo resaltó la eliminación del delito del desacato
en Guatemala, Honduras y Panamá. El titular de la SIP, Miró Quesada,
señaló como trascendente la eliminación de las leyes mordaza por
parte del presidente de Panamá, Martín Torrijos, quien durante un
acto oficial celebrado el 6 de julio en ese país, firmó la
Declaración de Chapultepec.
Por su parte, en el caso de Chile la organización se mostró confiada
de que el presidente Ricardo Lagos vete una cláusula de la
Constitución sobre vida pública, que protege especialmente a los
funcionarios de la crítica. Si bien la SIP reconoce la eliminación
del delito del desacato en la Ley de Seguridad del Estado, espera su
eliminación del Código Penal y el Código de Justicia Militar.
La SIP expresó su preocupación por sanciones económicas contra
diarios en Argentina y Venezuela, entre otros países, en cuanto a la
distribución de la publicidad oficial y por incrementos impositivos
en Nicaragua que obedecerían a discriminación política.
Más allá de las trabas judiciales, de las barreras legislativas y
las sanciones económicas, durante la reunión se prestó especial
consideración a la inestabilidad y crisis políticas en Bolivia,
Ecuador, Haití y Nicaragua, que desembocaron en ataques y
hostigamiento contra medios y periodistas. Llamó también la atención
por el incremento de agresiones en Guatemala, México y Perú. En
tanto, en Colombia, pese a que ha disminuido la violencia, un
periodista abandonó el país, al menos seis fueron amenazados, dos
agredidos y se registró un ataque contra las torres de transmisión
de una radio.
Las autoridades de la SIP aprovecharon para exigir mayores esfuerzos
de los gobiernos para investigar los casos de periodistas asesinados
y para acabar con la impunidad. Recordaron a los periodistas caídos
en este trimestre: Julio Augusto García (19 de abril), de Ecuador;
Guadalupe García Escamilla y Raúl Gibb Guerrero, de México; Robenson
Laraque (4 de abril), de Haití; Ricardo Gonzalves Rocha (31 de
marzo) y José Cândido de Amorim Filho (1 de julio), de Brasil. Así
también mencionaron los asesinatos de Gustavo Acevedo (25 de junio)
y Gilberto Prieto (15 de junio), de Venezuela y de Jacques Roche (14
de julio), de Haití, cuyos móviles aún se investigan.
En consonancia con la promoción de la libertad de prensa y la
libertad de expresión en el hemisferio, se acordó continuar con
programas de entrenamiento para periodistas en riesgo, poniendo
énfasis en Brasil, Colombia, Haití y México, así como continuar con
la realización de foros legislativos y judiciales en Argentina,
además de otros países.
La SIP decidió también el envío de una misión a México para analizar
in situ el problema de la violencia, organizar en Hermosillo un
encuentro de editores del norte del país y se mantendrá en estado de
alerta en torno a la situación de algunos diarios en el interior, en
aparente conflicto con los gobiernos locales, como el caso del
matutino Noticias de Oaxaca.
http://www.sipiapa.org/espanol/pressreleases/chronologicaldetail.cfm?PressReleaseID=1434