Discurso de Marcel Granier ante la Sociedad Interamericana de Prensa (09.10.05)
1. La exclusión, el miedo y el sectarismo.
Lo más antidemocrático que está ocurriendo en Venezuela es la utilización de la exclusión, el miedo y la fuerza militar como políticas de Estado para someter a los ciudadanos a la voluntad de Hugo Chávez.
El presidente se jacta de gobernar solo para un grupo de venezolanos, a quienes exige incondicionalidad absoluta a cambio de las dádivas y pequeños privilegios que les concede.
El no es el Presidente de todos los venezolanos sino solo de aquellos que le son incondicionales. Quien no esté de acuerdo con él, debe abandonar el país, así como sus bienes y sus ideas, o tendrá que padecer la ira, la violencia, los insultos y la persecución policial y judicial del propio autócrata y sus secuaces. Para usar sus propias palabras: "Quien no está conmigo, esta contra mí" o "a quien no quiera colaborar le quitaremos todo". Las infames "Lista Tascón" y "Lista Maisanta" son dos de los múltiples instrumentos que el régimen utiliza para identificar, discriminar y perseguir a los que no se someten a sus designios.
Esto explica la violencia y la impunidad con que los grupos militares, para-militares, policiales y para-policiales afectos al régimen violan derechos humanos y participan en el tráfico de drogas y personas.
2. La concentración de Poder, el militarismo y la erradicación del pluralismo.
La concentración de Poder en manos del Presidente de la República, y el control total que ejerce sobre los Poderes Públicos (incluidos los Poderes Legislativo, Judicial y Electoral, así como el Tribunal Supremo de Justicia, los organismos de control y fiscalización del Estado, las Fuerzas Armadas, las oficinas de Registro Público y de Registro de Propiedad Intelectual y el Banco Central) son inconcebibles en una sociedad democrática y mucho menos bajo el imperio de la Carta Democrática Inter-Americana.
Las Fuerzas Armadas se han convertido en un partido político al servicio de Hugo Chávez y no están sometidas al Poder Civil. En palabras del propio Presidente: "A quien no quiera negociar le llegará el Ejercito". Paralelamente se están creando milicias armadas adoctrinadas por el régimen.
Los partidos políticos de oposición no pueden obtener financiamiento del Estado, ni de personas u organizaciones extranjeras. Si tratan de obtenerlo entre venezolanos, estas personas sufrirán todo tipo de retaliaciones y sanciones económicas, fiscales, administrativas y penales; además de exponerse a las ofensas y difamaciones, públicas y sin control del Presidente de la República. El pluralismo está siendo erradicado de la discusión pública en Venezuela.
3. El monopolio de la propaganda política.
Por otra parte, el Presidente "encadena" casi todos los días, o sea, obliga a todas las estaciones de radio y televisión del país a transmitir, sin previo aviso, en forma simultánea y sin límite de tiempo, sus discursos y arengas, en los horarios de más audiencia (escogiendo especialmente el horario de transmisión de los programas informativos y de opinión), para hacer planteamientos de tipo político o personal, sin derecho a réplica, ni a espacios similares, para la oposición política o para los agraviados por sus expresiones.
En Venezuela, no existe equilibrio electoral. En lo que va de año, el Presidente ha "encadenado" a las aproximadamente 1.400 estaciones de radio y televisión nacionales, regionales y locales en 171 oportunidades, con una duración promedio de 27 minutos cada una. Además ha realizado 26 programas "Aló Presidente, con una duración aproximada de 5 horas y 30 minutos cada programa y ha ordenado repetirlos o resumirlos en 35 oportunidades, con una duración promedio de 1 hora y 33 minutos cada una. Como si todo esto fuera poco, ha dispuesto de más de 2.800 minutos de propaganda a favor del régimen, a través de cada una de las 1.400 estaciones del país. En ese mismo lapso de tiempo la oposición política solo ha podido transmitir 30 segundos diarios, durante menos de un mes, a través de 66 de las 1.400 estaciones que operan en el país. En resumen, mientras el Presidente ha dispuesto de 20.944.000 minutos, la oposición democrática ha dispuesto de 825.
4. El auge delictivo y la impunidad.
Durante la vigencia de este régimen han ocurrido en Venezuela más de 50 mil homicidios con la impunidad más absoluta; más de 6 mil personas han sido "ajusticiadas", exterminadas o han sido víctimas de lo que el régimen califica como "ajustes de cuentas", con la participación de funcionarios oficiales o bajo su protección. En las cárceles del país se violan permanentemente los derechos humanos de los presos. Cada día muere un preso en nuestras cárceles. Nada se investiga, si puede afectar la buena "imagen" del gobierno. De ahí la impunidad rampante que se observa.
La pobreza, la desnutrición y el desempleo han crecido de manera alarmante, con la consiguiente merma en la calidad de vida y en la expectativa de vida de nuestra gente, así como en la talla y el peso de los niños venezolanos, lo cual, a su vez, va en detrimento de sus oportunidades en la vida. Todo ello en la época de mayores ingresos petroleros y fiscales en la historia del país.
Simultáneamente, el tráfico y consumo de drogas han crecido de manera tan alarmante que los Estados Unidos se vieron en la necesidad de "descertificar" a Venezuela por su falta de cooperación y por la supuesta participación de altos oficiales de la Fuerza Armada en esas actividades. Venezuela es un "santuario" de guerrilleros, terroristas y delincuentes de todo tipo, siempre y cuando estén a favor del "proceso". Muchos colaboradores cercanos del presidente tienen prontuarios criminales (secuestro, homicidio, robo, estafa, asalto a mano armada, etc...).
5. Hacia la eliminación de la opinión independiente.
En materia de libertad de expresión la situación también es cada día más preocupante.
Numerosos periodistas son perseguidos y sometidos a juicios ilegales en tribunales militares, Medios de Comunicación son allanados por fuerzas militares para hacer desaparecer fotografías y otros documentos.
Todas las agresiones contra periodistas y Medios de Comunicación han quedado impunes. Las medidas de amparo otorgadas por la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos y por la Corte Inter-Americana son ignoradas o violentadas por el gobierno, de manera continua y reiterada. Lo mismo ocurre con los casos de los defensores de los derechos humanos y de los familiares de las víctimas de estos delitos. Un periodista y un editor han sido asesinados, tras denunciar la participación de policías y altos oficiales de la Guardia Nacional en actividades de narcotráfico. Ambos casos siguen sin resolverse.
Al mismo tiempo se modifican códigos y leyes para penalizar la libre expresión del pensamiento y el derecho a opinar, y se cierra el acceso a la información pública que todo Estado democrático debe poner a disposición de sus ciudadanos. Se ha creado un orden seudo-jurídico para intimidar a periodistas y medios y forzar la autocensura, provocando la desaparición de un importante número de programas independientes de opinión. Aquellos que sobreviven, efectúan su trabajo bajo grandes presiones y están sometidos a una constante persecución.
6. El ataque contra los Medios de Comunicación.
El ataque contra la viabilidad económica de los Medios de Comunicación se intensifica. Se crean nuevos impuestos (cuatro en lo que va de año), violando disposiciones constitucionales expresas. Se establecen limitaciones a la publicidad, que merman los ingresos de las empresas. Se dictan normas, reglamentos y provisiones que incrementan los gastos de las mismas, haciendo cada vez más difícil su operación y afectando seriamente su capacidad de generar ingresos. A este esquema de control económico se suma la confiscación de espacios en la radio y televisión, por la vía de la imposición de propaganda oficial gratuita de hasta 70 minutos semanales y la entrega obligatoria de 5 horas y media diarias (entre las 5 a.m. a 11 p.m.) a unas producciones designadas e impuestas por el gobierno.
En materia de programación, las normas son ininteligibles, costosísimas y sujetas a cambios permanentemente. La ambigüedad de esas normas, la discrecionalidad del funcionario político que las aplica y el monto desproporcionado y ruinoso de las sanciones que puede aplicar ese funcionario son obstáculos graves al ejercicio de las libertades de pensamiento, expresión e información en forma independiente.
A esto se suma la forma discriminadora y arbitraria como se asignan los presupuestos publicitarios del Estado. Los diarios amigos del régimen reciben hasta 27 páginas diarias de propaganda oficial, con un precio de hasta US$ 6.000 cada una. Las estaciones de televisión amigas perciben millones de dólares anuales en pauta publicitaria. Los que tratan de mantener su independencia, reciben una mínima fracción en el mejor de los casos. Muchos son los que no reciben nada.
Todos estos mecanismos de presión y de ataque económico y moral contra los Medios de Comunicación están expresamente prohibidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita y ratificada por Venezuela.
7. La hacienda "chávez" y sus rehenes.
Venezuela se ha convertido en la hacienda personal de Hugo Chávez, donde él mantiene secuestrada, en contra de su voluntad, a más de la mitad de la población venezolana. Hugo Chávez no le rinde cuentas a ninguna institución y, mucho menos a la gente, de los muy cuantiosos gastos en que incurre, ni de las dádivas y donaciones que realiza, ni de las "inversiones" que se le antojan. Ha hecho aprobar unas leyes que le permiten evitar el control de su gestión pública, y otras que ponen bajo su mando personal, único y directo, a la Fuerza Armada Nacional, así como a las fuerzas para-militares que ha creado.
Ninguna denuncia de corrupción pública es investigada. La inmensa mayoría de los organismos públicos y de las empresas del Estado sean inauditables.
La corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero, la extorsión y el secuestro de bienes y personas crecen exponencialmente en este clima de rapiña salvaje, que el Presidente fomenta con su discurso violento y protege de manera descarada, para su propio beneficio, el de su familia y el de sus más estrechos colaboradores.
A esto se suman las confiscaciones de fábricas y de tierras en plena capacidad productiva, para entregarlas a entes gubernamentales sin el debido proceso judicial.
Este esquema personal y
exitoso de dictadura, mitad neo-fascista y mitad neo-comunista, está,
además, siendo exportado impunemente a toda América Latina. Es hora de que
la comunidad internacional preste más atención a lo que está ocurriendo en
Venezuela.