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VENEZUELA: El CPJ condena intento de
censurar a los medios en caso de asesinato
Nueva York, 20 de enero del 2006—El Comité para la Protección de los
Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) expresó hoy su alarma ante el
intento de la Fiscalía General de Venezuela de impedir que los medios
informen sobre el caso del asesinato del conocido fiscal Danilo Anderson.
El Fiscal General Isaías Rodríguez solicitó a un juzgado local que prohíba
la difusión en los medios de comunicación del contenido de los expedientes
referidos a las actuaciones procesales del caso Anderson. La prohibición
abarca a algunos medios impresos y audiovisuales aunque la fiscalía no los
nombró.
Rodríguez también pidió a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
la apertura de un procedimiento administrativo contra los medios que hayan
revelado información del expediente Anderson, para determinar si violaron la
Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Esta ley contiene
restricciones en términos vagos que limitan seriamente el derecho a la
libertad de expresión. Por ejemplo, en virtud del Artículo 29 los
prestadores de servicios de radio y televisión que difundan mensajes que
"promuevan, hagan apología o inciten a alteraciones del orden público" o
"sean contrarios a la seguridad de la Nación" pueden ser suspendidos hasta
por 72 horas.
"La decisión del fiscal general es un claro intento de censurar a los medios
y negar el derecho de los venezolanos a permanecer informados en un caso de
gran interés público", señaló la Directora Ejecutiva del CPJ Ann Cooper.
"Instamos a las autoridades venezolanas a reconsiderar la decisión y
permitir que los medios informen libremente".
Rodríguez también acusó a los medios de "intimidación de testigos y
expertos, a los fines de inducirlos a que mientan, modifiquen sus
testimonios o se abstengan de declarar". Agregó que algunos medios serán
investigados por posible obstrucción de justicia, un delito que prevé una
sanción de cárcel de seis meses a tres años. Rodríguez acusó a algunos
medios de promover una campaña para desacreditar la investigación, aunque no
dio nombres.
Anderson era el fiscal encargado de investigar la presunta participación de
un grupo de empresarios, políticos y ex funcionarios gubernamentales en el
golpe de estado de abril del 2002 contra el presidente Hugo Chávez Frías.
Anderson murió víctima de un atentado con explosivos cuando conducía su auto
en Caracas el 18 de noviembre del 2004, hecho catalogado de "terrorista" por
funcionarios del gobierno.
En diciembre del 2004 y enero del 2005, la prensa local recogió las
declaraciones de un concejal de Caracas que aseguró que la policía había
encontrado una cuantiosa suma de dinero al registrar el apartamento de
Anderson. El concejal, Carlos Herrera, sostuvo que Anderson tenía vínculos
con una red de extorsión formada por abogados y fiscales que solicitaba
dinero a cambio de detener las investigaciones.
Pero Rodríguez ha afirmado que en la investigación que adelanta la Fiscalía
se manejan tres hipótesis que apuntan hacia una represalia contra Anderson
por causa de su labor como fiscal. Rodríguez ha criticado a la prensa por la
atención dada a las acusaciones de extorsión con la intención de favorecer a
los acusados y posibles involucrados en el asesinato de Anderson.
Tres hombres han sido condenados de asesinar a Anderson pero los fiscales
creen que hay otros involucrados en la autoría intelectual. En noviembre del
2005, las autoridades venezolanas ordenaron la detención de cuatro personas
acusadas de planear el crimen, incluyendo a la periodista Patricia Poleo,
conocida columnista y directora del diario de Caracas El Nuevo País, que ha
apoyado a la oposición. Poleo pasó a la clandestinidad hace casi tres meses.
El gobierno indicó que presentará evidencia durante el juicio y que su
procesamiento no tiene relación con su trabajo periodístico.
A pesar de que Rodríguez negó que su intención sea imponer censura a los
medios de comunicación, periodistas venezolanos y activistas por la libertad
de prensa han afirmado que la decisión de la Fiscalía General contradice
estándares internacionales de libertad de expresión.
http://www.cpj.org/news/2006/americas/ven20jan06na_Sp.htm