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Juez venezolano prohíbe difundir
noticias sobre caso de asesinato de alto perfil
Nueva York, 25 de enero del 2006—El Comité para la Protección de los
Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) condena la orden dictada el
lunes por un juez de Caracas prohibiendo a los medios de comunicación
reportar sobre el asesinato del conocido fiscal Danilo Anderson en el 2004.
Tras la solicitud del Fiscal General Isaías Rodríguez, el juez Florencio
Silano prohibió "la publicación, la difusión y la exposición" de información
sobre el caso Anderson. Entre otras cosas, Rodríguez dijo querer proteger al
testigo principal de la Fiscalía, Giovanny Vásquez de Armas, de lo que ha
llamado una campaña de acoso y presión sicológica.
Los medios locales han puesto en duda la credibilidad de Vásquez
repetidamente. Vásquez ha sido condenado por fraude en Colombia, su país
natal, y algunos reportajes de prensa lo acusan de colaborar con las FARC,
un grupo guerrillero colombiano. Reportajes locales afirman igualmente que
Vásquez estaba encarcelado en el 2003 cuando supuestamente asistió a una
reunión en Panamá donde se hubiera planeado el asesinato de Anderson.
El Ministerio Público abrió también una investigación dirigida por Silano
contra seis estaciones de televisión y cuatro diarios por supuesta
"obstrucción de justicia" al haber reportado sobre documentos y testigos del
caso, según reportajes locales. La acusación por obstrucción de justicia se
está llevando a cabo bajo la Ley de Autoridad Judicial y la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión. La ley de "responsabilidad
social", aprobada en el 2004, ha sido criticada por no seguir los estándares
internacionales de libertad de prensa.
La investigación le apunta a cuatro estaciones de televisión privadas—
Televén, RCTV, Venevisión y Globovisión, al Canal Metropolitano de Caracas,
al canal público Venezolana de Televisión (VTV)—al igual que a cuatro
diarios— El Nacional, El Universal, Ultimas Noticias y El Nuevo País.
"Esta prohibición es un ataque escandaloso contra la libertad de prensa y el
derecho a la información de todos los ciudadanos venezolanos", señaló la
Directora Ejecutiva del CPJ Ann Cooper. "Instamos al fiscal a retirar su
petición que coarta estos derechos humanos".
Anderson era el fiscal encargado de investigar la presunta participación de
un grupo de empresarios, políticos y ex funcionarios gubernamentales en el
golpe de estado de abril del 2002 contra el presidente Hugo Chávez Frías.
Anderson murió víctima de un atentado con explosivos cuando conducía su auto
en Caracas el 18 de noviembre del 2004, hecho catalogado de "terrorista" por
funcionarios del gobierno.
En diciembre del 2004 y enero del 2005, la prensa local recogió las
declaraciones de un concejal de Caracas que aseguró que la policía había
encontrado una cuantiosa suma de dinero al registrar el apartamento de
Anderson. El concejal, Carlos Herrera, sostuvo que Anderson tenía vínculos
con una red de extorsión formada por abogados y fiscales que solicitaba
dinero a cambio de detener las investigaciones.
Pero Rodríguez ha afirmado que en la investigación que adelanta la Fiscalía
se manejan tres hipótesis que apuntan hacia una represalia contra Anderson
por causa de su labor como fiscal. Rodríguez ha criticado a la prensa por la
atención dada a las acusaciones de extorsión con la intención de favorecer a
los acusados y posibles involucrados en el asesinato de Anderson.
Tres hombres han sido condenado de asesinar a Anderson pero los fiscales
creen que hay otros involucrados en la autoría intelectual. En noviembre del
2005, las autoridades venezolanas ordenaron la detención de cuatro personas
acusadas de planear el crimen, incluyendo a la periodista Patricia Poleo,
conocida columnista y directora del diario de Caracas El Nuevo País, que ha
apoyado a la oposición. Poleo pasó a la clandestinidad hace casi tres meses.
El gobierno indicó que presentará evidencia durante el juicio y que su
procesamiento no tiene relación con su trabajo periodístico.
http://www.cpj.org/news/2006/americas/ven25jan06na_Sp.html