VENEZUELA
Informe a la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa
Noviembre 2009, Buenos Aires, Argentina
Venezuela vive una grave y permanente confrontación entre la auténtica realidad
del país, los ciudadanos e instituciones y, por otro lado, la que el presidente
Chávez promueve, falsea, manipula y trata de imponer.
La gestión del régimen de Chávez está destruyendo el país en su patrimonio
humano, económico, de conservación de sus recursos naturales e industriales, de
los valores del trabajo y la honestidad en la administración de los recursos del
Estado, etc.
La imposición por parte de Chávez de un régimen comunista, militarista y
totalitario, en contra de la gran mayoría de los ciudadanos, es causa de las
miserias que sufre ahora Venezuela.
La expresión del pueblo que rechaza y denuncia tales miserias ocupa los espacios
que, a todo riesgo y dignamente, defienden los periodistas, los medios de
comunicación independientes de la patria de Simón Bolívar.
La eliminación progresiva de los medios independientes como política oficial es
el reto que enfrenta la libertad de expresión en Venezuela.
La “hegemonía comunicacional” como meta proclamada por Chávez, es la que
confronta y reta al sentimiento y la realidad nacional, pretende imponer su
ideología comunista, someter y controlar al pueblo.
A su servicio tiene el Presidente las frecuentes y obligatorias “cadenas” (la
del pasado 4 de octubre duró casi 7 horas seguidas) con las que confisca y
secuestra espacios de todas las radioemisoras y televisoras de Venezuela para
trasmitir simultáneamente las amenazas y su violenta retórica propagandista.
Dispone además, entre otros, 238 emisoras, 28 estaciones de televisión, 340
impresos y más de 125 sitios de propaganda en Internet, así como los medios
oficiosos y los oportunistas que han conjugado la autocensura con equilibrismo.
Tal es la confrontación entre libertad y dictadura que existe en nuestro país.
HECHOS RELEVANTES
El gobierno amenaza de cierre, multa y abre un sexto proceso sancionatorio
contra GLOBOVISION, mientras la justicia, bochornosamente subordinada a Chávez,
ha imputado a su presidente, Guillermo Zuloaga, quien está sometido a régimen de
presentación ante las autoridades y prohibición de salida del país.
El régimen ha imputado también al editor del diario “El Nuevo País” y la revista
“Zeta”, Rafael Poleo, ahora en el exilio.
Está en la cárcel el periodista Gustavo Azocar y hace 4 años también en el
exilio la periodista Patricia Poleo, entre otros casos.
Chávez cerró 34 emisoras y anuncia que serán 240, para tratar de generar más
miedo y autocensura.
El gobierno extrema la discriminación, excluye sistemáticamente a los medios
independientes de las pautas publicitarias del Estado y utiliza toda su fuerza
para tratar de intimidar y debilitar a los anunciantes privados.
Fue prohibida por el ente oficial CONATEL la difusión de cuñas de radio y
televisión en defensa de la propiedad privada promovidas por la institución
CEDICE y anunciaron sanciones contra los medios que las transmitieron.
El gobierno del presidente Chávez se niega a permitir que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA visite Venezuela para observar la
situación del Estado de Derecho y de la realización de la justicia en la patria
de Simón Bolívar.
EL MARCO LEGAL
La asamblea nacional, de forma ilegal, ha aprobado y reformado numerosas leyes
negadas por el pueblo en un referendo para reformar nuestra Constitución,
propuesto por el presidente Chávez el día 2 de diciembre de año 2007.
De esta manera, el régimen ha ejecutado un fraude a la Constitución.
Chávez ha impuesto leyes que niegan la constitucional preeminencia de los
derechos humanos, la ética y el pluralismo político, la libertad de expresión e
información, el derecho a la propiedad, a la libertad sindical, al trabajo, al
debido proceso, a la educación libre, a la salud del pueblo, entre otras.
El pasado octubre, por ejemplo, puso en ejecución una “Ley del Sistema de
Justicia” copiada del régimen cubano, que establece una llamada “justicia
popular” con jurisdicción penal, civil, menores y hasta militar. Esta ley asigna
a los consejos comunales, que dependen directamente del Presidente, la capacidad
con otros entes oficiales para intervenir en los procesos y hasta de sancionar
jueces. Además establece en su artículo 26 que “toda persona, según la ley,
tiene derecho a participar en cualquier causa que curse en los tribunales, sea o
no de su incumbencia”.
Por otra parte, más de 2.000 cargos importantes de la administración pública
están en manos de militares y una reforma en vigencia desde octubre a la Ley
Orgánica de la Fuerza Armada creó un quinto componente (como el ejército,
aviación, marina) integrado por ciudadanos y ciudadanas de instituciones
públicas o privadas, organizados y adiestrados en “cuerpos combatientes”.
La hegemonía comunicacional del gobierno, el armamentismo militar y de personas
ideologizadas que actúan en la calle, representan --entre otros-- los desafíos
que enfrenta lo que queda de democracia en Venezuela.
Cuando la Sociedad Interamericana de Prensa resolvió realizar un Foro de
Emergencia en Venezuela el pasado mes de septiembre, acertó en la visión de la
realidad venezolana y asumió su responsabilidad en la defensa de la libertad de
expresión en el hemisferio.
El pueblo venezolano y su arraigo democrático, junto a los periodistas y medios
de comunicación comprometidos con la Constitución y la lucha por la libertad de
expresión, compartimos la determinación para enfrentar al totalitarismo.
ATAQUES CONTRA MEDIOS Y PERIODISTAS
A finales de marzo la presidenta de la Asamblea Nacional pidió abrir una
investigación contra la periodista Beatriz Adrián, de Globovisión, por la
divulgación de los salarios de los diputados.
ABRIL
Un grupo violento atacó la sede del diario “El Carabobeño” en Valencia y el
Alcalde acusó al periódico de atacar y criticar instituciones del gobierno.
MAYO
El Ministro de Conatel anunció que el gobierno eliminará lo que llamó
“latifundio radioeléctrico”.
Por informar en primicia nacional sobre el sismo ocurrido el día 4 la Asamblea
Nacional solicitó sanciones contra Globovisión acusando al canal de causar
alarma. Luego CONATEL abrió procedimiento sancionatorio contra ese canal de
noticias por tal motivo.
Fue allanada una casa propiedad del presidente de Globovisión, Guillermo
Zuloaga, por una supuesta denuncia de que allí se encontraban 24 vehículos
nuevos.
Una acción de amparo solicitada por Globovisión y RCTV internacional fue
declarada improcedente por el Tribunal Supremo de Justicia.
El Ministro de Relaciones Exteriores acusó al periodista Nelson Bocaranda de ser
un “sicario de la pluma”, cómplice de asesinatos políticos y agente de
inteligencia de Estados Unidos. Posteriormente, la emisora “Onda”, del circuito
nacional “Unión Radio” eliminó el programa de información y denuncias de
Bocaranda de su programación. Se produjeron numerosas protestas de diversos
sectores del país.
La Asamblea Nacional prepara normas para regular la televisión por suscripción,
cuyos usuarios han aumentado ostensiblemente en toda Venezuela desde que Radio
Caracas Televisión se hizo internacional y se refugió en el cable, luego de que
Chávez le cerró su señal abierta, la de mayor cobertura y sintonía de Venezuela.
Chávez le dice a la Fiscal del Ministerio Público y al Tribunal Supremo de
Justicia que renuncien si no van a actuar contra los medios y pidió celeridad en
el caso del dueño de Globovisión.
JUNIO
Conatel inició actualización de datos de emisoras de radio y televisión
privadas, exigiendo a sus titulares presentarse personalmente a consignarlos en
un término perentorio.
Diputados oficialistas denunciaron al diario “La Verdad” de Maracaibo acusando
periódico de “instigación al asesinato y apología del delito” ante la Fiscalía,
que luego abrió una investigación al respecto. El diario “La Verdad” denunció
que se trata de una cacería política y que jamás será manipulable.
Por un programa transmitido el 13 de octubre de 2.008, donde fue entrevistado el
periodista Rafael Poleo, la Fiscalía reabre con “extrema urgencia” un proceso
contra el espacio “Aló Ciudadano”, de Globovisión.
El presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, fue imputado en el proceso que
se le sigue por los 24 vehículos nuevos que tenía en una propiedad y luego fue
allanada por la Guardia Nacional su casa de residencia.
El Seniat, organismo de impuestos, multó a Globovisión con 5 millones de
bolívares y días después la multa la subieron a 9 millones de bolívares.
El voluntariado de la Alcaldía Metropolitana de Caracas y organizaciones civiles
exigen a Conatel investigue al canal oficial VTV por “desviación de poder para
perseguir e intimidar a personas naturales y jurídicas que conducen medios
privados”.
Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia establece que empresas pueden ser
enjuiciadas penalmente.
Oficialistas atacaron las sedes de los diarios “El Carabobeño” y “Notitarde”, en
Valencia.
Trabajadores de Globovisión fueron citados a comparecer ante el Ministerio
Público por el caso de la entrevista a Rafael Poleo.
JULIO
Nuevamente activistas del oficialismo agreden las sedes de los diarios “Notitarde”
y “El Carabobeño” en Valencia.
La Fiscal General propone Ley para sancionar “delitos mediáticos”.
Conatel prohibió la difusión de cuñas radiales y de TV en defensa de la
propiedad privada patrocinadas por CEDICE, el Ministerio Público solicita
suspender la publicación de avisos y anunció sanciones a medios.
La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia amenazó a la periodista Vanesa
Gómez Quiroz, quien le preguntó sobre críticas de juristas a su actuación en la
Sala Constitucional.
Prohibición de salida del país al presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga.
La juez Alicia Torres denunció ante el país haber sido presionada para dictar
medidas contra Guillermo Zuloaga y fue sustituida por el Tribunal Supremo de
Justicia.
Fiscal General de la República presentó proyecto de Ley contra delitos
mediáticos.
Conatel cerró 34 emisoras y el presidente Chávez aplaudió públicamente la
medida.
AGOSTO
La Conferencia Espiscopal Venezolana manifiesta su preocupación por cierre de
emisoras y aprobación de leyes inconsultas.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la Asociación Internacional de
Radiodifusión y Reporteros sin Fronteras se pronuncian contra el cierre de
emisoras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA manifiesta preocupación
por la libertad de expresión en Venezuela.
La ONU exige restituir las concesiones a emisoras.
Agredidos 13 periodistas del diario “Ultimas Noticias” cuando manifestaban
pacíficamente en rechazo a la Ley de Educación.
El día 3 de agosto se produjo un violento ataque armado de la activista chavista
Lina Ron contra la sede del canal Globovision, donde actuaron 40 motorizados
portando armas de fuego, granadas y lanzando gases lacrimógenos que penetraron
hasta los estudios de la televisora, resultando dos personas heridas y numerosos
trabajadores intoxicados.
SEPTIEMBRE
Conatel abre el sexto proceso sancionatorio contra Globovisión.
Maletines con falsas bombas aparecieron frente a la sede del Bloque De Armas,
editores de los diarios “2001” y “Meridiano”.
El foro internacional “Arekuna”, celebrado en Caracas, señala al gobierno de
Chávez de presionar a los anunciantes para que no inviertan en publicidad en los
medios independientes foro.
Fiscalía emite citación al periodista Rafael Poleo con carácter de imputado en
el proceso relativo a sus declaraciones referentes a Chávez en el programa “Aló
Ciudadano”, de Globovisión.
Se realiza en Caracas Reunión de Emergencia por la libertad de expresión
auspiciado por la Sociedad Interamericana de Prensa, en virtud de la grave
situación del ejercicio del periodismo y los ataques contra los medios de
comunicación. La SIP condenó ataques gubernamentales contra los medios de
comunicación.
El Bloque de Prensa Venezolano emite comunicado condenando la imputación contra
Rafael Poleo por sus opiniones en el programa “Aló Ciudadano” de Globovisión.
Radio Caracas Televisión rechaza nuevas medidas de Conatel.
OCTUBRE
En el diario oficial del régimen repudian la publicación de publicidad del recién estatizado “Banco de Venezuela” en el diario “El Nacional” y que este diario “pueda continuar su diaria desaforada campaña para derrocar a Chávez”.
El periodista Francisco “Kiko” Bautista, conductor del programa “Buenas Noches”,
por Globovisión, fue citado a comparecer ante la Fiscalía el 22 de octubre.
Francisco “Pancho Pérez”, periodista del diario “El Carabobeño”, fue imputado
por la fiscalía del Ministerio Público, acusado por el alcalde de Valencia por
“ofensa a funcionario público e injuria contra persona encargada de servicio
público”. Pérez escribió un comentario crítico en su columna del 30 de marzo de
este año que, conforme a las modificaciones al Código Penal realizadas por
Chávez para criminalizar la disidencia, podría ser enjuiciado.
NOVIEMBRE
El seis de noviembre el Instituto de Prensa y Sociedad declaro al 2009 como “el
ano de mas violencia contra la prensa en la historia de Venezuela, sumando hasta
la fecha 107 ataques contra periodistas y medios de Comunicación.
Hoy 8 de noviembre de 2.009 se cumplen dos años y 167 días de que el régimen de
Chávez le quitó, utilizando fuerzas militares, los sitios de transmisión y los
equipos a Radio Caracas Televisión, procediendo al cierre del primer canal de
televisión de Venezuela, por razones políticas, tal como había amenazado meses
antes el presidente de la República. Esta medida es sostenidamente rechazada y
repudiada por el pueblo venezolano e internacionalmente.
LA REALIDAD VENEZOLANA
A pesar de la permanente prohibición del gobierno para el acceso de los
periodistas y medios de comunicación independientes a la información de los
entes y organismos del Estado, así como el ocultamiento y manipulación de la
información estadística oficial, los hechos reales trascienden.
Por ejemplo:
- Que la paz, la vida, la seguridad personal y los bienes de los venezolanos son
permanentemente vulnerados y atropellados por una agresividad delincuencial
apoyada por la impunidad, generando terror colectivo, sufrimiento e intenso
dolor humano.
- Que la descomposición social creada por la incitación oficial al odio, la
violencia y la exclusión es marco propiciatorio para los 14.500 homicidios
registrados en el año 2.008 y la duplicación de muertes violentas en niños y
adolescentes entre los años 1.999 y 2.006.
- Que la inflación en Venezuela ha crecido 690 por ciento en el gobierno de
Chávez y un tercio de la población venezolana se encuentra en situación de
pobreza grave y ha perdido el 14 por ciento del poder adquisitivo en el último
año.
- Que decenas de miles de funcionarios cubanos están en Venezuela y Chávez
habría pagado el año pasado, con dinero del pueblo venezolano, 5.600 millones de
dólares al gobierno de Cuba solo por concepto de personal cubano. Además del
subsidio petrolero de 2.000 millones y 1.370 millones de dólares para proyectos
en la isla, entre otras erogaciones.
- Que la salud de los venezolanos, responsabilidad constitucional del Estado,
manejada desde el gobierno por funcionarios cubanos y militares, enfrenta el
regreso del paludismo, dengue, malaria, influenza y otras pandemias que hace
años habían sido erradicadas.
- Que como resultado del presente caos en materia de salud, madres parturientas,
niños y adultos mueren todos los días en las emergencias de los centros
ambulatorios y en hospitales públicos por carencia de medicinas y asistencia
médica.
- Que por falta de inversión del gobierno de Chávez en los planes de
infraestructura para la generación de energía eléctrica, ahora imponen en
Venezuela el racionamiento diario del servicio de electricidad con graves daños
para la industria, la productividad, las empresas de servicio, los hogares y
oficinas, el pueblo en general.
- Que el gobierno del presidente Chávez ha gastado más de 900 mil millones de
dólares, cifra mayor que la suma de todos los presupuestos de los gobiernos
democráticos en los 40 años anteriores.
- Que en la actualidad el presidente Chávez ha perdido la confianza del 50.5 y
el 58 por ciento en los sectores sociales más humildes, el 65.8 por ciento en el
sector “C” y el 83 por ciento de los sectores “A” y “B”.
- Que para una eventual elección presidencial en la actualidad, la intención de
voto a favor de Chávez es solo 17 por ciento.
Tal es la realidad y el peligroso contraste de hechos que los periodistas y
medios de comunicación independientes estamos en la obligación, el compromiso
moral y ético de informar al pueblo venezolano, a cuyo compromiso y riesgo no
vamos a renunciar.
El pueblo de Venezuela tiene el derecho constitucional a estar informado.