VENEZUELA

Informe a la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa

Noviembre 2009, Buenos Aires, Argentina

 

Venezuela vive una grave y permanente confrontación entre la auténtica realidad del país, los ciudadanos e instituciones y, por otro lado, la que el presidente Chávez promueve, falsea, manipula y trata de imponer.

La gestión del régimen de Chávez está destruyendo el país en su patrimonio humano, económico, de conservación de sus recursos naturales e industriales, de los valores del trabajo y la honestidad en la administración de los recursos del Estado, etc.

La imposición por parte de Chávez de un régimen comunista, militarista y totalitario, en contra de la gran mayoría de los ciudadanos, es causa de las miserias que sufre ahora Venezuela.

La expresión del pueblo que rechaza y denuncia tales miserias ocupa los espacios que, a todo riesgo y dignamente, defienden los periodistas, los medios de comunicación independientes de la patria de Simón Bolívar.

La eliminación progresiva de los medios independientes como política oficial es el reto que enfrenta la libertad de expresión en Venezuela.

La “hegemonía comunicacional” como meta proclamada por Chávez, es la que confronta y reta al sentimiento y la realidad nacional, pretende imponer su ideología comunista, someter y controlar al pueblo.

A su servicio tiene el Presidente las frecuentes y obligatorias “cadenas” (la del pasado 4 de octubre duró casi 7 horas seguidas) con las que confisca y secuestra espacios de todas las radioemisoras y televisoras de Venezuela para trasmitir simultáneamente las amenazas y su violenta retórica propagandista. Dispone además, entre otros, 238 emisoras, 28 estaciones de televisión, 340 impresos y más de 125 sitios de propaganda en Internet, así como los medios oficiosos y los oportunistas que han conjugado la autocensura con equilibrismo.

Tal es la confrontación entre libertad y dictadura que existe en nuestro país.

HECHOS RELEVANTES

 

El gobierno amenaza de cierre, multa y abre un sexto proceso sancionatorio contra GLOBOVISION, mientras la justicia, bochornosamente subordinada a Chávez, ha imputado a su presidente, Guillermo Zuloaga, quien está sometido a régimen de presentación ante las autoridades y prohibición de salida del país.

El régimen ha imputado también al editor del diario “El Nuevo País” y la revista “Zeta”, Rafael Poleo, ahora en el exilio.

Está en la cárcel el periodista Gustavo Azocar y hace 4 años también en el exilio la periodista Patricia Poleo, entre otros casos.

Chávez cerró 34 emisoras y anuncia que serán 240, para tratar de generar más miedo y autocensura.

El gobierno extrema la discriminación, excluye sistemáticamente a los medios independientes de las pautas publicitarias del Estado y utiliza toda su fuerza para tratar de intimidar y debilitar a los anunciantes privados.

Fue prohibida por el ente oficial CONATEL la difusión de cuñas de radio y televisión en defensa de la propiedad privada promovidas por la institución CEDICE y anunciaron sanciones contra los medios que las transmitieron.

El gobierno del presidente Chávez se niega a permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA visite Venezuela para observar la situación del Estado de Derecho y de la realización de la justicia en la patria de Simón Bolívar.

 

EL MARCO LEGAL

La asamblea nacional, de forma ilegal, ha aprobado y reformado numerosas leyes negadas por el pueblo en un referendo para reformar nuestra Constitución, propuesto por el presidente Chávez el día 2 de diciembre de año 2007.

De esta manera, el régimen ha ejecutado un fraude a la Constitución.

 

Chávez ha impuesto leyes que niegan la constitucional preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, la libertad de expresión e información, el derecho a la propiedad, a la libertad sindical, al trabajo, al debido proceso, a la educación libre, a la salud del pueblo, entre otras.

El pasado octubre, por ejemplo, puso en ejecución una “Ley del Sistema de Justicia” copiada del régimen cubano, que establece una llamada “justicia popular” con jurisdicción penal, civil, menores y hasta militar. Esta ley asigna a los consejos comunales, que dependen directamente del Presidente, la capacidad con otros entes oficiales para intervenir en los procesos y hasta de sancionar jueces. Además establece en su artículo 26 que “toda persona, según la ley, tiene derecho a participar en cualquier causa que curse en los tribunales, sea o no de su incumbencia”.

Por otra parte, más de 2.000 cargos importantes de la administración pública están en manos de militares y una reforma en vigencia desde octubre a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada creó un quinto componente (como el ejército, aviación, marina) integrado por ciudadanos y ciudadanas de instituciones públicas o privadas, organizados y adiestrados en “cuerpos combatientes”.

La hegemonía comunicacional del gobierno, el armamentismo militar y de personas ideologizadas que actúan en la calle, representan --entre otros-- los desafíos que enfrenta lo que queda de democracia en Venezuela.

Cuando la Sociedad Interamericana de Prensa resolvió realizar un Foro de Emergencia en Venezuela el pasado mes de septiembre, acertó en la visión de la realidad venezolana y asumió su responsabilidad en la defensa de la libertad de expresión en el hemisferio.

El pueblo venezolano y su arraigo democrático, junto a los periodistas y medios de comunicación comprometidos con la Constitución y la lucha por la libertad de expresión, compartimos la determinación para enfrentar al totalitarismo.

 

ATAQUES CONTRA MEDIOS Y PERIODISTAS

A finales de marzo la presidenta de la Asamblea Nacional pidió abrir una investigación contra la periodista Beatriz Adrián, de Globovisión, por la divulgación de los salarios de los diputados.

 

ABRIL

Un grupo violento atacó la sede del diario “El Carabobeño” en Valencia y el Alcalde acusó al periódico de atacar y criticar instituciones del gobierno.

MAYO

El Ministro de Conatel anunció que el gobierno eliminará lo que llamó “latifundio radioeléctrico”.

Por informar en primicia nacional sobre el sismo ocurrido el día 4 la Asamblea Nacional solicitó sanciones contra Globovisión acusando al canal de causar alarma. Luego CONATEL abrió procedimiento sancionatorio contra ese canal de noticias por tal motivo.

Fue allanada una casa propiedad del presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, por una supuesta denuncia de que allí se encontraban 24 vehículos nuevos.

Una acción de amparo solicitada por Globovisión y RCTV internacional fue declarada improcedente por el Tribunal Supremo de Justicia.

El Ministro de Relaciones Exteriores acusó al periodista Nelson Bocaranda de ser un “sicario de la pluma”, cómplice de asesinatos políticos y agente de inteligencia de Estados Unidos. Posteriormente, la emisora “Onda”, del circuito nacional “Unión Radio” eliminó el programa de información y denuncias de Bocaranda de su programación. Se produjeron numerosas protestas de diversos sectores del país.

La Asamblea Nacional prepara normas para regular la televisión por suscripción, cuyos usuarios han aumentado ostensiblemente en toda Venezuela desde que Radio Caracas Televisión se hizo internacional y se refugió en el cable, luego de que Chávez le cerró su señal abierta, la de mayor cobertura y sintonía de Venezuela.

Chávez le dice a la Fiscal del Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia que renuncien si no van a actuar contra los medios y pidió celeridad en el caso del dueño de Globovisión.

JUNIO

Conatel inició actualización de datos de emisoras de radio y televisión privadas, exigiendo a sus titulares presentarse personalmente a consignarlos en un término perentorio.

Diputados oficialistas denunciaron al diario “La Verdad” de Maracaibo acusando periódico de “instigación al asesinato y apología del delito” ante la Fiscalía, que luego abrió una investigación al respecto. El diario “La Verdad” denunció que se trata de una cacería política y que jamás será manipulable.

Por un programa transmitido el 13 de octubre de 2.008, donde fue entrevistado el periodista Rafael Poleo, la Fiscalía reabre con “extrema urgencia” un proceso contra el espacio “Aló Ciudadano”, de Globovisión.

El presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, fue imputado en el proceso que se le sigue por los 24 vehículos nuevos que tenía en una propiedad y luego fue allanada por la Guardia Nacional su casa de residencia.

El Seniat, organismo de impuestos, multó a Globovisión con 5 millones de bolívares y días después la multa la subieron a 9 millones de bolívares.

El voluntariado de la Alcaldía Metropolitana de Caracas y organizaciones civiles exigen a Conatel investigue al canal oficial VTV por “desviación de poder para perseguir e intimidar a personas naturales y jurídicas que conducen medios privados”.

Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia establece que empresas pueden ser enjuiciadas penalmente.

Oficialistas atacaron las sedes de los diarios “El Carabobeño” y “Notitarde”, en Valencia.

Trabajadores de Globovisión fueron citados a comparecer ante el Ministerio Público por el caso de la entrevista a Rafael Poleo.

JULIO

Nuevamente activistas del oficialismo agreden las sedes de los diarios “Notitarde” y “El Carabobeño” en Valencia.

La Fiscal General propone Ley para sancionar “delitos mediáticos”.

Conatel prohibió la difusión de cuñas radiales y de TV en defensa de la propiedad privada patrocinadas por CEDICE, el Ministerio Público solicita suspender la publicación de avisos y anunció sanciones a medios.

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia amenazó a la periodista Vanesa Gómez Quiroz, quien le preguntó sobre críticas de juristas a su actuación en la Sala Constitucional.

Prohibición de salida del país al presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga.

La juez Alicia Torres denunció ante el país haber sido presionada para dictar medidas contra Guillermo Zuloaga y fue sustituida por el Tribunal Supremo de Justicia.

Fiscal General de la República presentó proyecto de Ley contra delitos mediáticos.

Conatel cerró 34 emisoras y el presidente Chávez aplaudió públicamente la medida.

AGOSTO

La Conferencia Espiscopal Venezolana manifiesta su preocupación por cierre de emisoras y aprobación de leyes inconsultas.

La Sociedad Interamericana de Prensa, la Asociación Internacional de Radiodifusión y Reporteros sin Fronteras se pronuncian contra el cierre de emisoras.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA manifiesta preocupación por la libertad de expresión en Venezuela.

La ONU exige restituir las concesiones a emisoras.

Agredidos 13 periodistas del diario “Ultimas Noticias” cuando manifestaban pacíficamente en rechazo a la Ley de Educación.

El día 3 de agosto se produjo un violento ataque armado de la activista chavista Lina Ron contra la sede del canal Globovision, donde actuaron 40 motorizados portando armas de fuego, granadas y lanzando gases lacrimógenos que penetraron hasta los estudios de la televisora, resultando dos personas heridas y numerosos trabajadores intoxicados.

SEPTIEMBRE

Conatel abre el sexto proceso sancionatorio contra Globovisión.

Maletines con falsas bombas aparecieron frente a la sede del Bloque De Armas, editores de los diarios “2001” y “Meridiano”.

El foro internacional “Arekuna”, celebrado en Caracas, señala al gobierno de Chávez de presionar a los anunciantes para que no inviertan en publicidad en los medios independientes foro.

Fiscalía emite citación al periodista Rafael Poleo con carácter de imputado en el proceso relativo a sus declaraciones referentes a Chávez en el programa “Aló Ciudadano”, de Globovisión.

Se realiza en Caracas Reunión de Emergencia por la libertad de expresión auspiciado por la Sociedad Interamericana de Prensa, en virtud de la grave situación del ejercicio del periodismo y los ataques contra los medios de comunicación. La SIP condenó ataques gubernamentales contra los medios de comunicación.

El Bloque de Prensa Venezolano emite comunicado condenando la imputación contra Rafael Poleo por sus opiniones en el programa “Aló Ciudadano” de Globovisión.

Radio Caracas Televisión rechaza nuevas medidas de Conatel.

OCTUBRE

En el diario oficial del régimen repudian la publicación de publicidad del recién estatizado “Banco de Venezuela” en el diario “El Nacional” y que este diario “pueda continuar su diaria desaforada campaña para derrocar a Chávez”.

 

El periodista Francisco “Kiko” Bautista, conductor del programa “Buenas Noches”, por Globovisión, fue citado a comparecer ante la Fiscalía el 22 de octubre.

Francisco “Pancho Pérez”, periodista del diario “El Carabobeño”, fue imputado por la fiscalía del Ministerio Público, acusado por el alcalde de Valencia por “ofensa a funcionario público e injuria contra persona encargada de servicio público”. Pérez escribió un comentario crítico en su columna del 30 de marzo de este año que, conforme a las modificaciones al Código Penal realizadas por Chávez para criminalizar la disidencia, podría ser enjuiciado.

NOVIEMBRE

El seis de noviembre el Instituto de Prensa y Sociedad declaro al 2009 como “el ano de mas violencia contra la prensa en la historia de Venezuela, sumando hasta la fecha 107 ataques contra periodistas y medios de Comunicación.

Hoy 8 de noviembre de 2.009 se cumplen dos años y 167 días de que el régimen de Chávez le quitó, utilizando fuerzas militares, los sitios de transmisión y los equipos a Radio Caracas Televisión, procediendo al cierre del primer canal de televisión de Venezuela, por razones políticas, tal como había amenazado meses antes el presidente de la República. Esta medida es sostenidamente rechazada y repudiada por el pueblo venezolano e internacionalmente.

LA REALIDAD VENEZOLANA

A pesar de la permanente prohibición del gobierno para el acceso de los periodistas y medios de comunicación independientes a la información de los entes y organismos del Estado, así como el ocultamiento y manipulación de la información estadística oficial, los hechos reales trascienden.

Por ejemplo:

- Que la paz, la vida, la seguridad personal y los bienes de los venezolanos son permanentemente vulnerados y atropellados por una agresividad delincuencial apoyada por la impunidad, generando terror colectivo, sufrimiento e intenso dolor humano.

- Que la descomposición social creada por la incitación oficial al odio, la violencia y la exclusión es marco propiciatorio para los 14.500 homicidios registrados en el año 2.008 y la duplicación de muertes violentas en niños y adolescentes entre los años 1.999 y 2.006.

- Que la inflación en Venezuela ha crecido 690 por ciento en el gobierno de Chávez y un tercio de la población venezolana se encuentra en situación de pobreza grave y ha perdido el 14 por ciento del poder adquisitivo en el último año.

- Que decenas de miles de funcionarios cubanos están en Venezuela y Chávez habría pagado el año pasado, con dinero del pueblo venezolano, 5.600 millones de dólares al gobierno de Cuba solo por concepto de personal cubano. Además del subsidio petrolero de 2.000 millones y 1.370 millones de dólares para proyectos en la isla, entre otras erogaciones.

- Que la salud de los venezolanos, responsabilidad constitucional del Estado, manejada desde el gobierno por funcionarios cubanos y militares, enfrenta el regreso del paludismo, dengue, malaria, influenza y otras pandemias que hace años habían sido erradicadas.

- Que como resultado del presente caos en materia de salud, madres parturientas, niños y adultos mueren todos los días en las emergencias de los centros ambulatorios y en hospitales públicos por carencia de medicinas y asistencia médica.

- Que por falta de inversión del gobierno de Chávez en los planes de infraestructura para la generación de energía eléctrica, ahora imponen en Venezuela el racionamiento diario del servicio de electricidad con graves daños para la industria, la productividad, las empresas de servicio, los hogares y oficinas, el pueblo en general.

- Que el gobierno del presidente Chávez ha gastado más de 900 mil millones de dólares, cifra mayor que la suma de todos los presupuestos de los gobiernos democráticos en los 40 años anteriores.

- Que en la actualidad el presidente Chávez ha perdido la confianza del 50.5 y el 58 por ciento en los sectores sociales más humildes, el 65.8 por ciento en el sector “C” y el 83 por ciento de los sectores “A” y “B”.

- Que para una eventual elección presidencial en la actualidad, la intención de voto a favor de Chávez es solo 17 por ciento.

Tal es la realidad y el peligroso contraste de hechos que los periodistas y medios de comunicación independientes estamos en la obligación, el compromiso moral y ético de informar al pueblo venezolano, a cuyo compromiso y riesgo no vamos a renunciar.

El pueblo de Venezuela tiene el derecho constitucional a estar informado.

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