Al día siguiente de que los 25 ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) decidieran suspender las sanciones adoptadas contra Cuba en 2003, para conseguir la libertad de los 75 disidentes y periodistas encarcelados, Reporteros sin Fronteras quiere manifestarles su decepción y pide al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, que se ocupe escrupulosamente de que "la anunciada intensificación de las relaciones con la oposición y la sociedad civil no se limite a simples reuniones".

1° de febrero de 2005

Señor Presidente,

Reporteros sin Fronteras quiere manifestarle su profunda decepción por  la decisión, aprobada el 31 de enero de 2005 por el Consejo de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), de suspender durante seis meses las sanciones * adoptadas por la UE en junio de 2003, en protesta por la detención en marzo de 2003 de 75 disidentes y periodistas.

En una carta, dirigida el 27 de enero a los 25 Estados miembros, nuestras organización pidió  que "se mantenga e incluso se profundice" la política de apoyo a la disidencia frente "a la falta de progresos sensibles en materia de respeto a la libertad de prensa en el país".

Aunque la decisión del 31 de enero prevé "desarrollar relaciones más intensas con la oposición política" y "sectores más amplios de la sociedad civil cubana", representa un paso atrás al poner fin a las invitaciones de disidentes a las ceremonias organizadas en La Habana con ocasión de las fiestas nacionales de los países miembros. En particular, esa medida permitía a los disidentes salir de la confrontación Cuba/Estados Unidos en que intenta encerrarles el poder del presidente Castro.

Ahora le pedimos que se ocupe escrupulosamente de que la anunciada intensificación de relaciones con la oposición, y la sociedad civil cubana, no se limite a simples reuniones. Esperamos, por ejemplo, que la UE esté representada en la próxima reunión general de la disidencia, convocada para el próximo 20 de mayo por la Asamblea para Promover la Sociedad Civil (no reconocida), dirigida por la economista Marta Beatriz Roque.

Por otra parte, le pedimos que los programas de cooperación europea con Cuba beneficien también a la sociedad civil que no reconocen las autoridades. Para trabajar a partir de hoy en pro de una transición democrática en Cuba, nos parece indispensable que la UE apoye a las agencias independientes de prensa, así como a las organizaciones de sindicalistas, bibliotecarios, médicos, economistas, etc, cuyas libertades de asociación, reunión y expresión, se ven constantemente burladas.

Reporteros sin Fronteras considera que la UE debe adoptar estas medidas desde ahora mismo dando a entender a las autoridades cubanas que, si se oponen, se verá en la obligación de restablecer las sanciones.

A falta de tales medidas, la decisión de la UE se asemejaría efectivamente a una "capitulación" frente al gobierno cubano, como hoy teme una parte de la oposición cubana. Le recordamos que la liberación de una decena de disidentes en 2004 no ha ido acompañada de ninguna evolución significativa en materia de respeto a las libertades políticas, y al multipartidismo. Todavía continúan encarcelados 61 de los 75 disidentes y periodistas detenidos en marzo de 2003, cuya libertad ha exigido la UE.

Nuestra organización espera que usted se comprometerá personalmente en este asunto. Vigilará las consecuencias de la decisión de la UE en los próximos meses.

Convencido de que no permanecerá insensible a este correo le ruego acepte, Señor Presidente, la expresión de mi mayor consideración.

Robert Ménard
Secretario general.

* Para exigir la libertad de los 75 periodistas y disidentes detenidos en marzo de 2003, los estados miembros de la UE decidieron, el 5 de junio de 2003, reducir la cooperación con las autoridades cubanas, limitar las visitas gubernamentales de alto nivel efectuadas en el marco bilateral, reducir la importancia de la participación de los Estados miembros en las ceremonias culturales e invitar a los disidentes cubanos a las ceremonias organizadas con motivo de sus fiestas nacionales. En los días siguientes a su detención,  los 75 disidentes fueron condenados a penas que van de 6 a 28 años de cárcel.