El Nacional - Jueves
06 de Febrero de 2005 A/7
Política
Piden que se obligue a tribunal ordinario garantizar derechos de
comandante del GAES
Los defensores del teniente coronel José Humberto Quintero Aguilar
solicitaron a la Corte de Apelaciones de Caracas que obliguen al
Juzgado 13 de Control a mostrarle las actas de la investigación
iniciada por el caso Granda
DAVID GONZÁLEZ
Los defensores del teniente coronel José Humberto Quintero Aguilar,
jefe del Grupo Antiextorsión y Secuestros Número 1 de la Guardia
Nacional, pidieron a la Corte de Apelaciones de Caracas que obligue al
Tribunal 13 de Control a garantizar los derechos del oficial, en el
marco de las investigaciones que desarrolla la Fiscalía General de la
República a propósito de la captura del guerrillero colombiano Rodrigo
Granda.
Los fiscales Alejandro Castillo y Edilia Almarza fueron comisionados
por el Ministerio Público para adelantar las averiguaciones
relacionadas con el secuestro del ex encargado de las relaciones
internacionales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia,
grupo catalogado como terrorista por Estados Unidos y Europa.
Castillo y Almarza han actuado ante el Tribunal 13 de Control, que ha
acordado medidas de protección a tres supuestos testigos presenciales
del hecho y autorizó que se tomara una declaración anticipada a Omar
Rodríguez Díaz, periodista colombiano que entrevistaba a Granda
minutos antes de que el subversivo desapareciera del cafetín de la
clínica Razetti en Bellas Artes, centro de Caracas, el pasado 13 de
diciembre. Paralelamente, a solicitud del fiscal militar Esaúl Olivar
Linares, teniente de la Guardia Nacional, el Tribunal Militar Segundo
de Control ordenó la privación de libertad de Quintero Aguilar, de un
teniente y de tres distinguidos imputados por la supuesta
participación en la operación de captura del miembro de las FARC.
Los representantes del teniente coronel Quintero Aguilar —Gustavo
Limongi, David Terán y Javier Iranzo— han advertido que la actuación
paralela de los dos tribunales implica una violación para el derecho a
la defensa del oficial de la Guardia Nacional. “Contra nadie pueden
abrirse dos averiguaciones por los mismos hechos”, dijo Terán. El
pasado 26 de enero, los abogados presentaron un escrito ante el
Tribunal 13 de Control en hicieron cuatro solicitudes: que se le diera
acceso a las actas de la investigación que cursa en ese despacho, que
se le permitiera declarar como imputado al oficial del GAES, que se le
informara al teniente coronel sobre los hechos en virtud de los cuales
se adelanta la averiguación y que declarara nula la privación de
libertad ordenada por el Tribunal Militar Segundo de Control. La
respuesta del juzgado penal ordinario fue emitida a mediados de la
semana pasada.
“La jueza Anabel Ramírez nos contestó que nuestro cliente no aparece
como imputado en las investigaciones del Tribunal 13 de Control y
además, sin que se le pidiera, se declaró incompetente para conocer de
las actuaciones del juzgado militar”, explicó Terán. El abogado
considera que el despacho de Ramírez se negó a ejercer el control
jurisdiccional de la causa y lesionó el derecho al debido proceso del
teniente coronel Quintero Aguilar. “Es evidente que los dos tribunales
han conocido de dos expedientes abiertos por los mismos hechos”,
advirtió.
De allí que el equipo de defensores del teniente coronel haya acudido
a la Corte de Apelaciones para solicitar que en esa instancia de
alzada se subsane lo que se considera una omisión.
La petición de la declaración anticipada del periodista colombiano
alarmó a Terán. “Nos parece una circunstancia muy grave”, comentó el
abogado. Las comparecencias por adelantado son aprobadas por los
tribunales cuando se considera que un testigo no podrá dar su
testimonio en la fase oral y pública del juicio.
“Nuestro cliente tenía derecho a escuchar qué dice esa persona para
poder defenderse”, añadió.