DERECHOS HUMANOS / Revisión de informes publicados por Provea desde 1999
Detenciones políticas pasaron de 1 a 54

El alcalde de Baruta, Henrique Capriles, fue reseñado como uno de los detenidos por razones políticas

El número de aprehensiones, legales e ilegales, que guardan relación con lo político y la existencia de presos políticos, es un indicador de la polarización que vive el país, según estudio efectuado por la ONG

IRMA ALVAREZ
EL UNIVERSAL

El número de detenciones, legales e ilegales, relacionadas con lo político, son un indicador de la polarización que vive el país, según el informe anual del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Tan sólo entre octubre de año 2003 y septiembre de 2004 se registraron 54 nuevas denuncias que, vinculadas con lo político, afectaron el derecho a la libertad personal.

Estos datos revelan un incremento de 13,7% con respecto al lapso anterior, cuando tuvieron lugar 46 detenciones que fueron referidas por Provea en el informe octubre de 2002 a septiembre de 2003.

La revisión de los informes de Provea, desde septiembre de 1999 (www.derechos.org.ve), permite afirmar que las denuncias sobre detenciones políticas aumentaron de 1 a 54.

Entre los analizados por la organización no gubernamental (ONG) están los casos del alcalde de Baruta, Henrique Capriles; ex presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández; general (GN) Carlos Alfonzo Martínez; detenidos por hechos de abril de 2002 en Táchira; aprehendidos por "plan guarimba"; capitán (GN) Luis García Morales y coronel (AV) Silvino Bustillos.

Motivo de preocupación
"El hecho de que crezca la cantidad de reportes sobre detenciones políticas es motivo de preocupación", advierte el coordinador general de Provea, Carlos Correa.

Porque ese "es un fenómeno que estamos evaluando en el contexto del incremento de la confrontación y viendo que hay una característica novedosa. En Venezuela hubo presos políticos en los años 60, pero digo "novedosa" desde que hacemos el informe (1989) y porque ese no ha sido un tema recurrente o excesivamente desarrollado, ni alcanzó los niveles actuales".

"Además, preocupa en la medida en que pueden ocurrir violaciones a varios derechos. Por ejemplo, se puede estar afectando también el ámbito de la justicia, cuando la aplican de modo discriminatorio, lo cual ocasiona que los ciudadanos recurran al uso de mecanismos no institucionalizados para resolver las diferencias, como los linchamientos".

En este sentido, explica que "cuando se reduce la autonomía del Poder Judicial y lo usan como herramienta contra personas por sus ideas políticas, evidentemente se genera violación de derechos".

Respuesta: institucionalidad
"Estamos ante una situación que amerita respuesta, la cual pasa por el fortalecimiento de la institucionalidad", destaca Correa. Para lograr dicho fortalecimiento haría falta: "garantizar la independencia del Poder Judicial y despolitizar las instituciones. Es necesaria la reinstitucionalización".

Esto pasaría, por ejemplo, "por conseguir que las policías que están orientadas al control del espacio público y la garantía de la seguridad de todos, cumplan con esa función". Este sería uno de los pasos "para evitar detenciones de personas por el hecho de que tengan ideas a favor de la oposición o del Gobierno. Porque las personas tienen derecho a expresarse y sus opiniones merecen consideración".

Discriminación como riesgo
Pero la condición de preso político, enfatiza Correa, "va más allá de que la persona esté o no implicada en la comisión del delito por el cual le investigan y también pueden darse elementos de discriminación".

En este contexto analiza Provea el caso del alcalde Henrique Capriles (PJ), a quien la Fiscalía investiga por los hechos ocurridos en la Embajada de Cuba el 12 de abril de 2002.

En este caso, la ONG indica que "si bien la detención se hizo ajustada a Derecho, preocupa que Capriles sea el único imputado en el caso, habida cuenta de que en los referidos sucesos participaron otras personas que pueden ser plenamente identificadas, pero sobre las cuales no pesa acusación. (...) Tal singularidad introduce un elemento que hace pensar que las consideraciones políticas están siendo privilegiadas por encima de los argumentos jurídicos. Igualmente, las demoras en las actuaciones judiciales supusieron una violación del derecho a la libertad personal de Capriles, quien pasó cuatro meses en prisión desde el 11-05-04".

Otros casos
El último informe de Provea hace mención especial al caso de "la guarimba". Así llamaron a las protestas del 27-02-04 al 05-03-04, que culminaron con la detención por razones políticas de 54 personas que luego fueron liberadas.

En ese lapso se efectuaron en Caracas y varias ciudades del interior del país una serie de protestas, de carácter pacífico unas y violento otras, protagonizadas por sectores de oposición que cerraban el tránsito y orientadas a reclamar la activación del revocatorio del Presidente.

En los casos de Carlos Fernández y el general (GN) Carlos Alfonzo Martínez, referidos en el informe octubre 2002septiembre 2003, Provea no cuestiona "la apertura de procesos judiciales que establezcan responsabilidades penales por el paro de diciembre 2002febrero 2003, o el golpe de Estado de abril de 2002".

Lo que destacan sobre ambas detenciones es que hubo "violaciones al debido proceso que afectaron, por momentos, el derecho a la libertad".

A juicio de Provea, en los casos del Táchira, así como en el del general Alfonzo, "también se trata de presos políticos, en la medida en que se les imputan delitos políticos o comunes conexos con lo político".

"Ello no significa necesariamente una violación a la libertad personal o al debido proceso, pues en el golpe de abril de 2002 o el paro de diciembre 2002-febrero de 2003, se pudieron cometer delitos que deben ser sancionados".

Entre octubre de 1999 y septiembre de 2000, Provea presenta otros 2 casos de detenciones arbitrarias por razones políticas. Se trata de los uniformados Luis García Morales (GN) y Silvino Bustillos (AV).

De acuerdo con el informe, "en junio de 2000 se produjo la detención arbitraria del capitán (GN) Luis García Morales, quien se presentó como vocero de la llamada Junta Patriótica Venezolana. Este fue aprehendido luego de declarar en una entrevista televisiva que "la Guardia Nacional se constituyó en un escollo para la consecución del proyecto liderado por Chávez" y que "la pretensión de la Junta Patriótica es buscar la renuncia del Presidente por vías pacíficas".

El coronel Bustillos fue detenido después de solicitar que el Presidente fuera despojado de su condición de comandante en jefe de la FAN y luego de entregar al CNE un documento en el cual denunció a Chávez por violar la Constitución al hacer campaña "como presidente y comandante en jefe".
http://www.eluniversal.com/2005/01/03/pol_art_03104A.shtml

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