Tres víctimas de purga chavista narran su despido por firmar el referéndum
Además, la
pagina Web pone a disposición de sus lectores, la GRABACIÓN DE
LA CONVERSACIÓN TELEFÓNICA de 55 minutos,
http://200.78.201.35/ROCIO.MP3 que el 24 de marzo de 2004
mantuvo Rocío San Miguel con Feijoo Colomine, donde se indica el
modo y la forma en que JOSE VICENTE RANGEL ordenó primero y
luego ejecutó el despido POR HABER SUSCRITO,
CONSTITUCIONALMENTE, EL REFERENDUM REVOCATORIO PRESIDENCIAL .
LA CRÓNICA DE HOY DE MÉXICO, Edición de hoy 22 de noviembre de
2005.
Tres víctimas de purga chavista narran su despido por firmar el
referéndum
( Rubén Cortés en Caracas )
( 2005-11-22 )
Por decisión de Hugo Chávez y del vicepresidente José Vicente
Rangel, el ex guerrillero Feijoo Colomine, quien es ahora un
alto funcionario gubernamental, echó de sus empleos a Rocío San
Miguel, Magally Chang y Thaís Peña luego de que ejercieran el
derecho constitucional de firmar en 2003 la solicitud de
referéndum revocatorio del mandato del presidente de Venezuela.
—José Vicente (Rangel)
lo pensó realmente y al final tomó la decisión. Porque qué
ocurre, porque ya es una decisión de alto gobierno. Seguramente
por Chávez y él" —le dijo Colomine a Rocío en una conversación
de 55 minutos grabada por ella y de la cual Crónica cuenta con
una copia de sonido y desde hoy se puede escuchar completa en la
página web del diario. La cinta es una de las pruebas
presentadas por Rocío, Thaís y Magally en una acción de amparo
ante el Tribunal 4º Laboral, donde la causa fue remitida al
Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en vista del cargo
oficial que ocupa Rangel, a quien ellas acusan de su despido
como trabajadoras del Consejo Nacional de Fronteras.
Sin embargo, el caso está engavetado desde hace 15 meses y ni
siquiera le asignaron un nuevo magistrado después de que a quien
le había sido encargado, el doctor Iván Rincón, dejara de formar
parte del TSJ. Como sea, es apenas uno de los miles de casos
similares documentados por el Programa Venezolano de Educación
Acción en Derechos Humanos, algunos medios y el Centro de
Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello —con
número de cédula de los agraviados rigurosamente verificado—
tras el llamado "firmazo" para solicitar el referéndum.
—La situación de ustedes no parece tener salida. ¿Por qué insisten? —pregunta Crónica a Rocío, Thaís y Magally en el apartamento de la primera: un tercer piso luminoso en las afueras de Caracas, donde entran por las ventanas ramas de árboles de mango y pencas de palmera abrillantadas por el sol del mediodía.
— Porque tenemos pruebas irrebatibles, documentos de despido, grabaciones (no sólo la de Feijoo Colomine admitiendo la ilegalidad, sino también de otros funcionarios), toda la argumentación legal que demuestra que nuestro despido fue violatorio de la Constitución y, muy en especial, porque tenemos tiempo para llevar el asunto hasta las últimas consecuencias, como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos —responde Rocío, quien es, además, abogada de profesión.
— ¿Tiempo? ¿Qué tan importante es?
— Ah… fundamental: podemos dedicarnos de tiempo completo a esta pelea, algo imposible para otros despedidos, sobre todo hombres, que no pueden desviar su atención del trabajo que les da el sustento a su familia. En mi caso particular, mi marido recibe un salario y tenemos algún ahorro, así que puedo seguir adelante — responde otra vez Rocío.
—Entonces está usted cómoda, tiene tranquilidad para echar la pelea judicial sin límite de tiempo…
—¿Cómoda?, ¿Cómoda? Por favor: mi esposo es un piloto de guerra en las Fuerzas Armadas, pero no vuela desde que firmé la solicitud de referéndum. Le pagan un salario, pero lo tienen en casa en "plan pijama" en represalia por mi firma. Mi hija vive traumatizada porque su madre fue expulsada del trabajo y su padre no tiene un trabajo real.
—Aún así: he leído que, para la ley, una grabación no es prueba de…
— …Bueno,
bueno, yo soy abogada y, es cierto, no es prueba, pero sí se
puede tener en cuenta. Incluso, hay un antecedente en la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en que una
grabación sirvió para ganar un caso de niños de la calle. De
todos modos, su caso —planteado ante la Fiscalía como "juicio
penal por discriminación política"— es el único que sigue en pie
como resultado de la Lista de Luís Tascón, llamada así en honor
al diputado oficialista que la subió a su página web —previa
filtración del gubernamental Consejo Nacional Electoral— y que
sirvió a Chávez para identificar a sus opositores en la
burocracia estatal y advertirles que si ratificaban la firma
perdían el trabajo.
De hecho, en la grabación incluida en las pruebas de Rocío, su
todavía jefe, Feijoo Colomine, acepta:
—Las cosas se han puesto así (expulsar a los incluidos en la Lista de Tascón) por toda la agresividad y toda la decisión de tumbar a como de lugar al Gobierno por parte de la oposición.
Y Rocío le responde:
— Entonces, porque soy funcionaria pública no puedo estar de viva voz diciendo me gusta o no me gusta Chávez. Pero estoy ejerciendo un derecho constitucional ¿Tú puedes entender eso? Coño, que no lo entienda otra persona, pero que lo entiendas tu. ¿No se jacta Chávez de decir que el mismo incluyó este artículo en la Constitución? O sea, lo incluyo para que no sea ejercido en mi contra. Por Dios!, o sea, por Dios!
Hay una pausa, y el funcionario acepta:
— Estamos de
acuerdo. UN CASO DE DISCRIMINACIÓN POLÍTICA. Para el director de
la Escuela de Derecho de la Universidad Metropolitana de
Caracas, René Molina, el de Rocío San Miguel, Magally Chang y
Thaís Peña es un caso de "apartheid político" que resume la
discriminación sufrida por muchos venezolanos que —a pesar del
carácter secreto del voto— fueron identificados como adversarios
del gobierno chavista gracias a la Lista de Tascón.
De hecho, el estatuto de Roma (que rige la Corte Penal
Internacional) define en su artículo 7-h como uno de los
crímenes de lesa humanidad la "persecución de un grupo o
colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos,
raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos (...) u
otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con
arreglo al Derecho Internacional".
El propio doctor Molina cree "en Venezuela todos los órganos del
Estado se prestan para consolidar un régimen de violación
sistemática de los derechos fundamentales, como el derecho a la
participación política e igualdad ante la ley, groseramente
menoscabado cuando el CNE cometió un genocidio contra más de 400
mil ciudadanos a quienes se impidió ratificar sus firmas en
respaldo al revocatorio presidencial".
Porque no se trata únicamente del caso de Rocío, Thaís y Magally:
hay una relación interminable que en lo único que se diferencia
de las de desaparecidos en las dictaduras de los años 80' en
Chile, Brasil, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú,
Bolivia, es que sus integrantes viven. Pero son, en verdad, no
personas: despedidos y buscando trabajo en un país donde la tasa
de desempleo supera el 12 por ciento, el 61 por ciento de la
gente vive con dos dólares diarios y la mitad del aparato
productivo está ocioso, a pesar de poseer un pastelote de
reservas de petróleo que son el 6,8 por ciento del total
mundial.
Y son no personas, pero que, sin embargo, tienen nombres y
apellidos:
Rubén Rivero Carriles, cuyo número de Cédula de Identidad es el
11.305.089,
Marcos Silva Ponce (C.I. 2.930.422),
Agustín Díaz (C.I. 6.847.620),
Yohimara Mendoza (C.I. 14.955.379),
Hilda Thaureaux Otamendi (C.I. 8.626.493),
Pedro Rodríguez (C.I. 3.627.864),
ingeniero Antonio Santamaría P (C.I. 5.890.813),
Omar Rafael Rosas Jiménez (C.I. 2.429.271),
Adacilys Vásquez (C.I. 7.059.598),
Henry Omar Arteaga (C.I. 4.838.825),
Neybet María Plazota Pérez (C.I. 14.417.704),
Lupe Fernández Fernández (C.I. 6.307.984),
Marcel Gabriel Adrianza Meléndez (C.I. 15.465.515)…
Hay más, muchos más que no tuvieron el tiempo ni la paciencia de
Rocío San Miguel, Magally Chang y Thaís Peña para entablar un
proceso judicial.
Tampoco sus esperanzas de ganarlo, aunque vivan en esta
Venezuela de Hugo Chávez… donde cada día hay menos derechos.