Tres víctimas de purga chavista narran su despido por firmar el referéndum
( Cronica, México, Rubén Cortés en Caracas )
( 2005-11-30 )

Por decisión de Hugo Chávez y del vicepresidente José Vicente Rangel, el ex guerrillero Feijoo Colomine, quien es ahora un alto funcionario gubernamental, echó de sus empleos a Rocío San Miguel, Magally Chang y Thaís Peña luego de que ejercieran el derecho constitucional de firmar en 2003 la solicitud de referéndum revocatorio del mandato del presidente de Venezuela.

—José Vicente (Rangel) lo pensó realmente y al final tomó la decisión. Porque qué ocurre, porque ya es una decisión de alto gobierno. Seguramente por Chávez y él" —le dijo Colomine a Rocío en una conversación de 55 minutos grabada por ella y de la cual Crónica cuenta con una copia de sonido y desde hoy se puede escuchar completa en la página web del diario.

La cinta es una de las pruebas presentadas por Rocío, Thaís y Magally en una acción de amparo ante el Tribunal 4º Laboral, donde la causa fue remitida al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en vista del cargo oficial que ocupa Rangel, a quien ellas acusan de su despido como trabajadoras del Consejo Nacional de Fronteras.

Sin embargo, el caso está engavetado desde hace 15 meses y ni siquiera le asignaron un nuevo magistrado después de que a quien le había sido encargado, el doctor Iván Rincón, dejara de formar parte del TSJ.

Como sea, es apenas uno de los miles de casos similares documentados por el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, algunos medios y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello —con número de cédula de los agraviados rigurosamente verificado— tras el llamado "firmazo" para solicitar el referéndum.

—La situación de ustedes no parece tener salida. ¿Por qué insisten? —pregunta Crónica a Rocío, Thaís y Magally en el apartamento de la primera: un tercer piso luminoso en las afueras de Caracas, donde entran por las ventanas ramas de árboles de mango y pencas de palmera abrillantadas por el sol del mediodía.

— Porque tenemos pruebas irrebatibles, documentos de despido, grabaciones (no sólo la de Feijoo Colomine admitiendo la ilegalidad, sino también de otros funcionarios), toda la argumentación legal que demuestra que nuestro despido fue violatorio de la Constitución y, muy en especial, porque tenemos tiempo para llevar el asunto hasta las últimas consecuencias, como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos —responde Rocío, quien es, además, abogada de profesión.

— ¿Tiempo? ¿Qué tan importante es?

— Ah… fundamental: podemos dedicarnos de tiempo completo a esta pelea, algo imposible para otros despedidos, sobre todo hombres, que no pueden desviar su atención del trabajo que les da el sustento a su familia. En mi caso particular, mi marido recibe un salario y tenemos algún ahorro, así que puedo seguir adelante — responde otra vez Rocío.

—Entonces está usted cómoda, tiene tranquilidad para echar la pelea judicial sin límite de tiempo…

—¿Cómoda?, ¿Cómoda? Por favor: mi esposo es un piloto de guerra en las Fuerzas Armadas, pero no vuela desde que firmé la solicitud de referéndum. Le pagan un salario, pero lo tienen en casa en "plan pijama" en represalia por mi firma. Mi hija vive traumatizada porque su madre fue expulsada del trabajo y su padre no tiene un trabajo real.

—Aún así: he leído que, para la ley, una grabación no es prueba de…

— …Bueno, bueno, yo soy abogada y, es cierto, no es prueba, pero sí se puede tener en cuenta. Incluso, hay un antecedente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en que una grabación sirvió para ganar un caso de niños de la calle.

De todos modos, su caso —planteado ante la Fiscalía como "juicio penal por discriminación política"— es el único que sigue en pie como resultado de la Lista de Luis Tascón, llamada así en honor al diputado oficialista que la subió a su página web —previa filtración del gubernamental Consejo Nacional Electoral— y que sirvió a Chávez para identificar a sus opositores en la burocracia estatal y advertirles que si ratificaban la firma perdían el trabajo.

De hecho, en la grabación incluida en las pruebas de Rocío, su todavía jefe, Feijoo Colomine, acepta:

—Las cosas se han puesto así (expulsar a los incluidos en la Lista de Tascón) por toda la agresividad y toda la decisión de tumbar a como de lugar al Gobierno por parte de la oposición.

Y Rocío le responde:

— Entonces, porque soy funcionaria pública no puedo estar de viva voz diciendo me gusta o no me gusta Chávez. Pero estoy ejerciendo un derecho constitucional ¿Tú puedes entender eso? Coño, que no lo entienda otra persona, pero que lo entiendas tu. ¿No se jacta Chávez de decir que el mismo incluyó este artículo en la Constitución? O sea, lo incluyo para que no sea ejercido en mi contra. Por Dios!, o sea, por Dios!

Hay una pausa, y el funcionario acepta:

— Estamos de acuerdo.

UN CASO DE DISCRIMINACIÓN POLÍTICA. Para el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Metropolitana de Caracas, René Molina, el de Rocío San Miguel, Magally Chang y Thaís Peña es un caso de "apartheid político" que resume la discriminación sufrida por muchos venezolanos que —a pesar del carácter secreto del voto— fueron identificados como adversarios del gobierno chavista gracias a la Lista de Tascón.

De hecho, el estatuto de Roma (que rige la Corte Penal Internacional) define en su artículo 7-h como uno de los crímenes de lesa humanidad la "persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos (...) u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al Derecho Internacional".

El propio doctor Molina cree "en Venezuela todos los órganos del Estado se prestan para consolidar un régimen de violación sistemática de los derechos fundamentales, como el derecho a la participación política e igualdad ante la ley, groseramente menoscabado cuando el CNE cometió un genocidio contra más de 400 mil ciudadanos a quienes se impidió ratificar sus firmas en respaldo al revocatorio presidencial".

Porque no se trata únicamente del caso de Rocío, Thaís y Magally: hay una relación interminable que en lo único que se diferencia de las de desaparecidos en las dictaduras de los años 80' en Chile, Brasil, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, Bolivia, es que sus integrantes viven.

Pero son, en verdad, no personas: despedidos y buscando trabajo en un país donde la tasa de desempleo supera el 12 por ciento, el 61 por ciento de la gente vive con dos dólares diarios y la mitad del aparato productivo está ocioso, a pesar de poseer un pastelote de reservas de petróleo que son el 6,8 por ciento del total mundial.

Y son no personas, pero que, sin embargo, tienen nombres y apellidos:

Rubén Rivero Carriles, cuyo número de Cédula de Identidad es el 11.305.089, Marcos Silva Ponce (C.I. 2.930.422), Agustín Díaz (C.I. 6.847.620), Yohimara Mendoza (C.I. 14.955.379), Hilda Thaureaux Otamendi (C.I. 8.626.493), Pedro Rodríguez (C.I. 3.627.864), ingeniero Antonio Santamaría P (C.I. 5.890.813), Omar Rafael Rosas Jiménez

(C.I. 2.429.271), Adacilys Vásquez (C.I. 7.059.598), Henry Omar Arteaga (C.I. 4.838.825),

Neybet María Plazota Pérez (C.I. 14.417.704), Lupe Fernández Fernández (C.I. 6.307.984), Marcel Gabriel Adrianza Meléndez (C.I. 15.465.515)…

Hay más, muchos más que no tuvieron el tiempo ni la paciencia de Rocío San Miguel, Magally Chang y Thaís Peña para entablar un proceso judicial. Tampoco sus esperanzas de ganarlo, aunque vivan en esta Venezuela de Hugo Chávez… donde cada día hay menos derechos.