23.03.2006
Liberados dos periodistas : un momento oportuno para reexaminar la ley de
prensa
Reporteros sin Fronteras se alegra de que el 21 de marzo de 2006 se
levantara el arresto domiciliario de Ibéyise Pacheco, del diario El
Nacional, y de la puesta en libertad de Gustavo Azócar Alcalá, presentador
del programa “Café con Azócar” en el canal Televisora del Táchira y
corresponsal del diario El Universal, encarcelado cerca de San Cristóbal
(Estado de Táchira, Oeste) desde el pasado 7 de marzo.
“Recibimos con satisfacción que hayan quedado en libertad Ibéyise Pacheco y
Gustavo Azócar Alcalá, a pesar de que los dos periodistas siguen estando en
espera de juicio. Esperamos que estas liberaciones contribuyan a calmar el
deletéreo clima que enfrenta al gobierno con los medios de comunicación
privados. Sobre todo, deberían ser una ocasión, tanto para uno como para los
otros, para reexaminar concertadamente la ley de responsabilidad social de
los medios audiovisuales y la ley de reforma del código penal, que contienen
algunas disposiciones que atentan contra la libertad de prensa. El debate
debería tener lugar con mayor motivo porque el propio Fiscal General de la
República ha pedido al Tribunal Superior de Justicia que dictamine sobre la
inconstitucionalidad de 25 artículos del nuevo código penal”, ha declarado
Reporteros sin Fronteras.
El coronel Angel Bellorín presentó dos denuncias contra Ibéyise Pacheco,
virulenta opositora del gobierno de Hugo Chávez : la primera por “difamación
y calumnia”, y la segunda por “difamación agravada”. En su crónica para El
Nacional, la periodista escribió que el oficial había conseguido diplomas
falsos para obtener el título de abogado. Para Ibéyise Pacheco se dictó una
condena de nueve meses de cárcel, aunque finalmente el 15 de marzo de 2006
quedó en arresto domiciliario, aunque con autorización para seguir trabando.
El 21 de marzo de 2006 la periodista quedó en libertad. Respecto a la
primera denuncia por “difamación”, la periodista reconoció sus errores ante
el querellante. Según el artículo 42 del código penal, el perdón del
querellante anula la pena impuesta. En cuanto a la denuncia por “difamación
agravada”, se retiró después de que ambas partes llegaran a un acuerdo.
Sin embargo, Ibéyise Pacheco sigue implicada en otro proceso. El 14 de enero
compareció ante el Tribunal 12 de control de Caracas, por “falso
testimonio”, como consecuencia de la acusación formulada contra ella en 2004
por el fiscal Didier Rojas. En su columna “En privado”, del diario El
Nacional, la periodista aseguró el 9 de mayo de 2003 que el secuestro y
ejecución de algunos opositores al presidente Hugo Chávez se planificaron n
el palacio presidencial de Miraflores. El proceso sigue abierto.
A Gustavo Azócar Alcalá se le ha investigado por “desvío de fondos público”
y “estafa”, como consecuencia de la denuncia presentada por Ronald Blanco La
Cruz, gobernador del Estado de Táchira. Encarcelado en el centro
penitenciario de Santa Ana, cerca de San Cristóbal, debía permanecer allí
durante todo el tiempo que durara la investigación. El juez encargado del
caso, que fue quien ordenó la detención preventiva del periodista,
finalmente estimó inoportuno el encarcelamiento. Por otra parte la defensa
ha apelado. Gustavo Azócar Alcalá quedó en libertad el 22 de marzo, tras una
audiencia especial.
A pesar de estas dos alentadoras noticias, las leyes llamadas de
“responsabilidad social de los medios audiovisuales”, aprobada el 24 de
noviembre de 2004, y de “reforma del código penal”, en vigor desde el 16 de
marzo de 2005 (cf. nuestros comunicados anteriores), continúan generado un
clima extremadamente tenso entre el gobierno y la prensa privada. Estimando
que la ley de responsabilidad social “favorece la autocensura”, el director
del canal Globovisión, Federico Ravell, recurrió el 21 de marzo de 2006 al
Tribunal Supremo de Justicia(TSJ), para conseguir su anulación.
Respecto a la ley de reforma del código penal, el propio gobierno, a través
del Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, ya formuló el 22 de
noviembre de 2005 otro recurso de anulación. Según el Fiscal General, que
consideraba “excesivamente punitivas” las disposiciones del nuevo código
penal en el momento en que se aprobó, 25 de los 546 artículos son
inconstitucionales, y en particular los relativos al delito de “desacato”.
La cámara constitucional aceptó hacer modificaciones de forma en los
artículos incriminados, pero todavía no se ha pronunciado sobre el fondo
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=16832