INTERPELACIÓN AL Militar Luis Camacho Kairuz, primera parte (regreso)
ASAMBLEA NACIONAL DE LA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
COMISION ESPECIAL POLÍTICA QUE INVESTIGA LOS HECHOS
OCURRIDOS LOS DIAS 11,12,13 Y 14 DE ABRIL DE 2002
Interpelación: General Luis Camacho Kairuz
Día: 13-05-2002
Hora: 09:00 pm.
Presidente: Orden del día, ciudadana Secretaria.
Secretaria: Comparecencia del ciudadano General Luis Camacho Kairuz, con el
objeto de que exponga su opinión en relación a lo sucedido en el país entre los
días 11 y 14 de abril de 2002.
Presidente: Artículo 222: La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de
control, mediante los siguientes mecanismos.
Las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y
las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la Ley y
mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su reglamento, en
ejercicio del control parlamentario podrán declarar la responsabilidad política
de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder
Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal
responsabilidad.
Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y
administrativas, en consecuencia:
1) La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo Estado
y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser
notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las
pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su
defensa, serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido
proceso.
2) Toda persona se presume inocente, mientras no se pruebe lo contrario.
Artículo 19. Título III. De los derechos humanos y garantías y de los deberes.
El Estado garantizará a toda persona, conforme el principio de progresividad y
sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e
interdependiente de los derechos humanos, su respeto y garantía son
obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta
Constitución, con los tratados sobre derechos humanos, suscritos y ratificados
por la República y con las leyes que los desarrollen.
Artículo 3. Del reglamento interno de la Comisión Especial de la Asamblea
Nacional.
El Presidente y el Vicepresidente de la Comisión Especial, tomarán las medidas
necesarias para evitar las interferencias o interrupciones durante el
desarrollo de las reuniones, así como cualquier conducta que atente contra el
espíritu de cordialidad y el respeto que debe prevalecer.
Artículo 8. En la comparencia de funcionarios públicos o particulares, la
Comisión Especial aplicará las siguientes reglas:
Literal a) La presidencia de la Comisión explicará la dinámica de la
interpelación o comparecencia al interpelado, la razón y motivo de la misma.
Tiene la palabra el General de División Camacho Kairuz:
General Luis Camacho Kairuz: Buenas noches ciudadanos Vicepresidente y demás
diputados de la Comisión Especial Política que investiga los hechos ocurridos
los días 11, 12, 13 y 14 de abril de 2002.
Deseo agradecer la invitación de esta honorable Comisión, a comparecer para
opinar y exponer los motivos que me indujeron en mi condición de Viceministro
de Seguridad Ciudadana, designado según decreto N° 1.385, publicado en la
Gaceta Oficial N° 37.253 del 3 de agosto de 2001, a tomar una posición en
defensa de los derechos humanos y las normas constitucionales contrariadas
durante la marcha del pueblo de Caracas el día 11 de abril de los corrientes,
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 19 y 29 de nuestra
carta magna, los cuales señalan que “el Estado garantizará a toda persona,
conforme al principio de la progresividad y sin discriminación alguna, el goce
y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos
humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder
público, de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos
humanos suscritos y ratificados por la república y las leyes que lo
desarrollan”. En tal virtud, “el Estado estará obligado a investigar y
sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus
autoridades”.
Me acompañan mis abogados asistentes, los doctores Luis Rafael Aponte Aponte,
el doctor Rigoberto Quintero Azuaje y el doctor Miguel Angel Castillo Toledo,
todos inscritos en el Colegio de Abogados.
Dejo claro que en mi concepto, en el derecho político de los países
democráticos, se entiende por interpelación “la facultad que tienen las cámaras
legislativas para requerir de un Ministro que informe acerca de ciertos actos
de gobiernos, o para que aclare aspectos de la política en general”, según
Dowisch, representa el medio más eficiente de ejercer el poder legislativo, su
control sobre el poder ejecutivo.
Dispuesto como estoy a contestar atenta y claramente las preguntas que me
cursen, que encuadren dentro de mi conocimiento y en virtud a la experiencia
vivida sobre algunos adjetivos, calificativos, dirigidos contra ciudadanos
interpelados que me antecedieron, respetuosamente solicito al ciudadano
Presidente de la Comisión, y en este caso al ciudadano Vicepresidente, tenga a
bien contribuir en lo adelante, llegado el caso, a la protección de mi honor,
vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación, garantía
constitucional ésta establecida en el artículo 60 de la Carta Magna y en el
reglamento interno de esta honorable Comisión.
A lo largo de mi carrera militar, en los cargos públicos que ocupé, he
mantenido una posición ética de fidelidad y lealtad a la constitución y las
leyes, no al régimen de turno. Yo he trabajado con todos los regímenes que
hemos tenido en este país y en todo momento mantuve esta posición de lealtad a
la Constitución. En virtud de ello, jamás me he unido a grupos políticos,
civiles o militares para proceder contra mis superiores jerárquicos en
autoridad democráticamente elegidos, y menos iniciar o alimentar conspiración
que dé lugar a rebelión.
No apoyé el intento de golpe de Estado en el que participó el Teniente Coronel
Hugo Chávez Frías en el año 1992. He ocupado cargo público durante el gobierno
democrático y legítimamente elegido del Presidente Chávez. Mi posición con
respecto a su gobierno ha sido la de un servidor público independiente y con
criterio propio, siempre al lado de la Constitución y las leyes. Por esa razón,
condeno y repudio cualquier intento de violar la Constitución y las leyes de la
república, venga de donde venga.
No participé de ninguna manera en el presunto gobierno de transición que se
instaló en Venezuela el 12 de abril del 2002, luego del anuncio por la red
televisiva del país, por parte del ciudadano General en Jefe, Inspector General
de la Fuerza Armada Nacional, Lucas Rincón Romero, hoy Ministro de la Defensa,
al decir que “el Presidente Chávez había renunciado”.
Mi actuación el 11 de abril estuvo basada en la ética, mi conciencia y las
leyes. Considero que la violencia desatada por algunos individuos, que ocasionó
muertos y heridos debe ser sancionada de conformidad con nuestras leyes penales
y tratados internacionales. Igualmente, la violencia desatada por la implícita
instigación de funcionarios públicos a través de los medios de comunicación,
que también ocasionó muertos y heridos, constituye una violación a normas
constitucionales, el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. En consecuencia, sus conductas
deben ser juzgadas y sancionadas por el crimen de lesa humanidad, cometido
contra una población civil.
En este acto es oportuno denunciar, que soy objeto de persecución policial. En
el día de hoy, para citar algo, tres vehículos plenamente identificados por mi
persona, un Nissan, un Toyota, un Corola y un Toyota Canrry han mantenido un
seguimiento permanente de todos mis movimientos en la ciudad, con el fin de
amedrentarme y posiblemente evitar que yo viniera a esta interpelación a decir
lo que sé sobre este caso, todo como si fuese un vulgar delincuente. E
igualmente, por parte de dos fiscalías militares del Ministerio Público, la
Fiscalía cuarta y la Fiscalía General Militar de la Fuerza Armada Nacional, que
me persiguen casi conjuntamente en calidad de imputado por los mismos hechos
que hasta estos momentos desconozco cuáles son, y menos aún he tenido acceso a
las pruebas.
La Fiscalía cuarta tiene la causa número FMG2002-02 y la Fiscalía General
Militar tiene otro expediente, la FGFAN N° 2002-02, casualmente. Todo ello en
contravención del numeral uno y sexto del artículo 49 de la Constitución, que
establece el debido proceso, relacionado con la norma supralegal del numeral 3,
del artículo 266 ejusdem, que establece las atribuciones del Tribunal Supremo
de Justicia en sala plena, entre otras la de declarar si existe o no mérito
para el enjuiciamiento de oficiales generales, como es mi caso, y de almirantes
de la Fuerza Armada Nacional.
En consecuencia, solicito respetuosamente su colaboración por ser de la
incumbencia de esta honorable comisión investigadora, por formar parte del
poder público nacional, dirija comunicación al Ministerio Público Militar, en
el sentido de que remita a la brevedad los autos a la sala plena del Tribunal
Supremo de Justicia, a fin de declarar si hay o no mérito para el
enjuiciamiento de mi persona, como lo establece el Numeral 3 del Artículo 266
de la Constitución, solicitud que hago a fin de evitar la conculcación de mis
garantías y mis derechos constitucionales, a tenor de la parte infine del
artículo 136 del a Carta Magna.
El 11 de abril vi, escuché evidencias, asocié hechos anteriores conocidos por
mí y ejercí mis derechos como ciudadano venezolano con derecho al voto, que es
también una forma de opinión y mi deber como funcionario público.
Primero, expresar libremente mis pensamientos sin ningún tipo de censura,
artículo 57 de la Constitución, de conciencia y a manifestarla el Artículo 61
de la Constitución de desconocer el régimen o autoridad que contraríe los
valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos.
Artículo 350 de la Constitución y de funcionario público de estar al servicio
del Estado y no de parcialidad alguna.
Hoy, 13 de mayo, con toda la evidencia audiovisual, documental y referencial
que ha sido difundida, no tengo la menor duda de que mi posición el 11 de abril
fue ética, y apegada a los principios morales de una sociedad civilizada.
Nadie en su sano juicio, emite órdenes escritas de matar o armar una población
civil con fines políticos, esas son instrucciones simplistas, disfrazadas a
veces en fines altruistas en actitudes, con mensajes ambiguos y otras artimañas
que expertos en el campo político, podrían describir mejor que yo.
La verdad de lo que sucedió en Venezuela no podemos verla en blanco y negro, la
verdad es una rica variedad de matices que el mundo ya empezado a descubrir.
Los responsables ya están siendo puestos en evidencia, ya vendrán algunos
cínicos a rasgarse las vestiduras en nombre de una supuesta defensa de la
institución y acusarme de qué sé yo.
Señores, estoy aquí lleno de indignación y rabia, por lo que sucedió en Caracas
el día 11 de abril, en cualquier país civilizado los responsables políticos de
estos hechos por lo menos habrían solicitado la intervención de organismos
internacionales mientras que aquí pretenden ser juez y parte e
irresponsablemente nos amenazan de paso con una guerra civil.
El día 12 de abril, una vez creado un vacío de poder por el abandono del cargo
del entonces Ministro Rodríguez Chacín, consideré mi deber garantizar la
continuidad administrativa del Ministerio del Interior y Justicia el
cumplimiento de las delicadas funciones que estaban bajo mi responsabilidad
como Viceministro de Seguridad Ciudadana, entre ellas la de la custodia de
aproximadamente 20 mil interno del sistema penitenciario, la coordinación de
los cuerpos policiales uniformados y el sistema de protección civil, al igual
que preservar evidencias de presuntos hechos delictivos, supuestamente
cometidos por funcionarios del Ministerio del Interior y Justicia.
El país, por otro lado, durante los últimos 3 años ha vivido un clima de
agitación política que tiene su manifestación en la presencia masiva de
partidarios y opositores del Gobierno Nacional en la calle.
Mi labor fue siempre la de conciliar y mediar entre las partes a fin de evitar
su enfrentamiento físico y garantizar la seguridad de las personas y sus
bienes. Las atribuciones del Ministerio del Interior y Justicia con respecto a
los cuerpos policiales uniformados, son sólo de coordinación e inspección, su
empleo, movilización, organización y equipamiento es atribución de los
gobernadores de Estado y alcaldes.
En múltiples oportunidades coordiné la seguridad de manifestaciones públicas
con representantes de la oposición y del Gobierno, del Ministerio Público, de
la Defensoría del Pueblo, de la Guardia Nacional, bomberos, tránsito terrestre
y protección civil.
Dicho lo anterior, comienzo a exponer los hechos de los cuales he tenido
conocimiento acaecidos los días 11 y 12 de abril del 2002, para lo cual en
forma cronológica, explanaré a partir del día 9.
En el Ministerio del Interior y Justicia, a raíz de la convocatoria al paro del
día 9 de abril de 2002, que se prolongó por 24 horas más hasta el día 10 del
citado mes y luego fue convertido en un paro general, se instaló una Sala
Situacional en el piso 3, en donde funciona el despacho del Ministro.
Esta sala estaba conformada por representantes de PDVSA, Guardia Nacional, el
Cuerpo de Investigaciones Policiales, Científicas y Criminalísticas, la DISIP,
la Dirección de Investigaciones Militares, algunos politólogos y periodistas.
El propósito de esa Sala Situacional, era analizar la situación social,
económica, política y militar del país, a fin de facilitar la tomar de
decisiones del Ministro. Las informaciones suministradas por esa Sala
Situacional, eran discutidas por los viceministros, el Consultor Jurídico del
Ministerio y el propio Ministro del Interior y Justicia, y se le formulaba las
recomendaciones pertinentes para el Alto Gobierno.
Cuando hablo de Alto Gobierno, me refiero al Consejo de Ministros, el
Presidente de la República y el Vicepresidente de la República.
El día 11 de abril el Ministro del Interior y Justicia me asignó la
responsabilidad de coordinar el trabajo de esos integrantes de esa sala y de
mantener el flujo de información para los fines previstos.
Deseo consignar copia de 5 informes, presentados por diferentes funcionarios en
donde se analizaba la situación y se proponían escenarios de solución, estas
copias, aquí tengo una, que no viene precisamente de la Sala Situacional, pero
fueron informes que se presentaron en su oportunidad.
En febrero del 2002, el entonces Ministro Rodríguez Chacín, recibió un análisis
de la situación, se plantearon 3 escenarios que podían ocurrir en Venezuela, el
menos probable era que la situación política venezolana volviese a la
normalidad y la labor del Gobierno Nacional se continuara cumpliendo sin
oposición, lo menos probable.
Lo poco probable era que la situación política venezolana continuara
deteriorándose con la intervención de todos los actores, haciendo oposición al
Gobierno Nacional, toda la sociedad venezolana en contra del Gobierno Nacional,
la consideramos los analistas y los viceministros que era poco probable que
ocurriera y la más probable era que la situación política venezolana continuara
deteriorándose gradualmente, con la intervención de algunos actores, haciendo
oposición al Gobierno Nacional.
Bueno... y a los efectos se proponía una estrategia al Ministro Rodríguez
Chacín. Sí le decía se propone una estrategia de ganar en donde no existan
perdedores en la sociedad, porque esto va a garantizar la paz del proceso de
cambios que se intentaba realizar y la tranquilidad de la ciudadanía y de
manera específica se le proponía abrir el diálogo con los actores de la
oposición, a fin de quitarles la bandera y debilitar el impulso.
Fortalecer el funcionamiento de los poderes ciudadanos y judicial como una
forma de garantizar la justicia y exigir a los diferentes ministerios, el
cumplimiento de los compromisos del Gobierno para disminuir la conflictividad
social y elevar la vida de los venezolanos.
Luego, en el mismo mes de febrero se le envía y se discute un informe sobre el
proceso de desestabilización política que vivía el país y las recomendaciones
que se le daban al señor Ministro, era la de materializar y demostrar la
política de diálogo y entendimiento con todos los sectores de la vida nacional
y otra serie de recomendaciones que podemos leer acá, pero que no vienen al
caso.
Otra recomendación era mantener una política de tolerancia moral e intelectual,
frente a la crítica de los adversarios al Gobierno Nacional.
Ya para el 9 de abril, señores, ya los analistas del Ministerio del Interior y
Justicia habían observado que teníamos una situación en Venezuela de una escala
del conflicto político y estimábamos que si no se tomaban las acciones muy
pronto, antes del 19 de abril, aquí en Venezuela iba a haber una manifestación
grave, como la que ocurrió el día 11, se adelantaron los acontecimientos.
En esa oportunidad las recomendaciones que se presentaron al Ministro, las
opciones que tenía el Gobierno Nacional era, la primera no hacer nada, si no
hacía nada, que fue lo que aparentemente se estaba haciendo, no se tomó ninguna
acción, pues si no se hizo nada, el objetivo de la oposición iba a ser
alcanzado, pero con mayor dificultad.
La otra opción que tenía era abrir una mesa de diálogo nacional por iniciativa
del Gobierno invitando a participar a todos los actores sin distinción. De esta
manera todos viviríamos en paz y bueno, todos ganaríamos.
Y la última opción que no se planteó, mire, esto sería una locura hacerlo, que
era tomar acciones extremas de ejercicio de autoridad. Si esto se tomaba el
objetivo de la oposición al Gobierno sería alcanzado de inmediato. Bueno eso
fue lo que se hizo el 11 de abril, el 11 de abril se tomaron acciones extremas
y ya todos sabemos qué pasó en nuestro país. Ese mismo día 9 de abril la sala
situacional plantea una situación de alerta rojo, dado el problema que teníamos
en PDVSA y se le recomendaba como un escenario de solución al Gobierno
Nacional, solicitar la renuncia total de la actual Junta Directiva de PDVSA, de
manera tal, de facilitar la solución del conflicto. Bueno señores, ninguna de
estas acciones se tomó, ninguna de estas acciones fue aceptada, hubo que
esperar los lamentables sucesos del 11 al 14 de abril para comenzar a aplicar
muchas de estas recomendaciones que antes de que sucedieran ya estaban
alertadas por funcionarios del Gobierno, porque estamos hablando que dentro del
Gobierno también hay gente racional y gente competente, y ellos observaron que
esto estaba sucediendo, sin embargo las decisiones no se tomaron.
Quiero dejar constancia que como responsable de coordinar la seguridad
ciudadana en el país, no fui invitado a reuniones en el Comando de la
Guarnición de Caracas para planificar las acciones que tomarían conjunta o
individualmente los organos de seguridad ciudadana y la Fuerza Armada, con
motivo de los acontecimientos que estaban ocurriendo en Venezuela para la
fecha. Esto es necesario aclararlo porque la costumbre era invitar al
Viceministro de Seguridad Ciudadana o a uno de sus representantes. De acuerdo a
la exposición que hizo el General de División Manuel Rosendo, entiendo que
ahora, representantes del Partido V República han sido incorporados a estas
coordinaciones, no se si será en reemplazo del organismo responsable de la
seguridad ciudadana. Igualmente, deseo dejar constancia de que dada la rapidez
con la que se están desarrollando los acontecimientos en Caracas ese día 11 de
abril, las coordinaciones policiales eran muy dinámicas y se realizaban muchas
veces en el mismo lugar de los hechos. El día 11 de abril del 2002 en Chuao,
luego de la marcha pacífica que se inició en el Parque del Este se reunió una
inmensa cantidad de ciudadanos en apoyo a los trabajadores de PDVSA, el General
de Brigada José Antonio Páez Cabrera, Director General de Coordinación Policial
coordinó la actuación de los organos de seguridad pública para evitar daños a
las personas y sus propiedades, con el Coronel Rojas Figueroa, Jefe del Estado
Mayor del Comando Regional No.5 de la Guardia Nacional y los comisarios Iván
Simonovich y Henry Vivas de la Alcaldía Metropolitana.
A finales de la mañana de ese mismo día 11 de abril me enteré por las noticias
de la radio sobre los planes de movilizar la concentración desde Chuao hasta
Miraflores, inmediatamente me comuniqué con el General Páez para coordinar con
los cuerpos de seguridad, las medidas conducentes de seguridad y orden público
en la ruta y desplazamiento y los alrededores de Miraflores. De manera general,
el dispositivo que se coordinó fue el siguiente: 1) La Guardia Nacional
conformaría el primer anillo de seguridad alrededor de Miraflores y sus
funciones incluían: garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y
contener a los partidarios del Gobierno, para evitar que se enfrentaran con sus
adversarios políticos. La Policía Metropolitana acompañaría la marcha desde
Chuao hasta el centro de Caracas para garantizar la seguridad ciudadana y el
orden público, y luego conformaría un segundo anillo de seguridad alrededor del
Palacio de Miraflores para evitar el enfrentamiento entre ambos grupos: la
oposición y el Gobierno, las policías municipales colaborarían con la seguridad
y el orden público en apoyo a la Policía Metropolitana: bomberos y protección
civil tenían la responsabilidad de instalar los puestos de primeros auxilios y
movilizar ambulancias para los traslados que se requiriesen. Jamás en las
coordinaciones de seguridad ciudadana se estableció que tanques de guerra y
efectivos del Ejército se emplearían en funciones de mantenimiento del orden
público. La instalación de dos anillos de seguridad y orden público alrededor
de Miraflores pretendía dejar un espacio o colchón entre ambos grupos de
manifestantes para mantenerlos separados y evitar el enfrentamiento.
Como antecedente a este dispositivo de seguridad puedo recordar que el día 7 de
diciembre del 2001 se desplegó un dispositivo similar en la marcha autorizada
por la Alcaldía Metropolitana y organizada por el Ciudadano Alejandro Peña
Esclusa, que se inició en la Plaza La Candelaria y pretendía llegar al Palacio
de Miraflores a lo largo de la Avenida Urdaneta. La reunión final de
coordinación en la sede de la Policía Metropolitana en Cotiza asistieron el
General en Jefe Lucas Rincón, el General de División García Carneiro, el
General de Brigada Rafael Martínez Morales como representantes del Ministerio
de la Defensa, la Casa Militar, y la Dirección de Inteligencia Militar,
respectivamente. También asistieron el Director de Seguridad Pública de la
Alcaldía Metropolitana, Iván Simonovich, el Director de la Policía
Metropolitana, Comisario Henry Vivas, con todo su Estado Mayor y jefes de
unidades operativas, representantes de la Policía del Municipio Libertador, el
General Páez y mi persona como representante del Ministerio del Interior y
Justicia.
En aquella oportunidad el ciudadano Alejandro Peña Esclusa manifestó su
preocupación, porque tenía información sobre grupos armados, defensores de la
entre comillas “Revolución” que tratarían de obligarlos con armas de fuego. Sus
informaciones señalaban al Alcalde Freddy Bernal al asambleista Nicolás Maduro
y un grupo llamados “los guerreros de la Vega” como los responsables de la
organización y ejecución de estas posibles agresiones, todos los funcionarios
asistentes se comprometieron a evitar que la angustia del ciudadano Alejandro
Peña Esclusa se hiciera realidad.
Por mi parte, comuniqué esta situación a Don Luis Michelena, Ministro del
Interior y Justicia, quien en mi presencia llamó a uno de estos dos personajes:
Freddy Bernal , Nicolás Maduro, realmente no recuerdo quien de los dos,
exigiéndole mantener a la masa que apoyaba al Gobierno para no agredir a la
marcha organizada por el ciudadano Alejandro Peña Esclusa.
El día de la marcha, en compañía del General Páez supervisé que la Policía
Metropolitana y la Guardia Nacional, no utilizaran armas o agentes químicos..
Presidente: Ciudadano Varela, le recomiendo que al finalizar la exposición del
General Camacho Kairuz, haga el punto de orden al cual hace referencia.
Tiene la palabra el General Camacho Kairuz, continúe con su exposición.
General Luis Camacho Kairuz: Muchas gracias señor Presidente. El día de la
marcha del 7 de diciembre en compañía del General Páez, supervisé que la
Policía Metropolitana y la Guardia Nacional no utilizaran armas o agentes
químicos en contra de ninguno de los grupos, de ninguno. El primer anillo de
seguridad alrededor de Miraflores estaba en esa época a cargo de la Policía
Metropolitana fue desplazado, hasta la altura de Plaza España en la
intersección de las avenidas Urdaneta y Fuerzas Armadas por los partidiarios
del gobierno.
La marcha de la oposición no pudo llegar a Miraflores y sólo hubo violencia
verbal y explosiones de fuegos artificiales, no hubo heridos ni muertos, no se
utilizaron ningún tipo de agentes químicos ni armas de fuego, ni agua, desde el
punto de vista de seguridad y orden público el resultado fue sino aceptable,
entendible, por la efervescencia política del momento.
Señores diputados retomando los sucesos del 11 de abril de manera cronológica
les narro los hechos que conocí, aunque reconozco que dada la rapidez con la
que se desarrollaron los eventos no puedo precisar horas.
Aproximadamente a las 11 de la mañana salí del Ministerio del Interior y
Justicia a verificar la situación de orden público en el centro y oeste de la
ciudad, pude constatar que las actividades la población transcurrían
normalmente, en el este de la ciudad se realizaba la marcha desde el Parque del
Este hasta Chuao sin ningún tipo de contratiempos.
Aproximadamente a las 11:45 de la mañana el Ministro Rodríguez me llama al
teléfono celular diciéndome que quiere hablar conmigo en su despacho. Allí
hablamos sobre la marcha se dirigía a Miraflores y le informé sobre las
coordinaciones de seguridad y orden público realizadas, igualmente de la
ubicación del General Páez, quién junto al Director de la Policía Metropolitana
se encontraba supervisando los acontecimientos en las inmediaciones de Chuao y
tenía dificultades para desplazarse hasta el ministerio debido a la congestión
de tránsito.
Aproximadamente a las 12 del día, de la tarde, desde la sala situacional,
óigase bien, 12 del mediodía me informan que tanques de guerra y soldados a
bordo de vehículos militares bajo el mando del General de División Jorge García
Carneiro se encontraban en la puerta 3 de Fuerte Tiuna, la puerta 3 es la
puerta que da hacia la carretera Panamericana. Le informé al Ministro Rodríguez
quien me comentó que eso era para evitar la salida de unidades militares que
pudieran sublevarse.
Aproximadamente a las 2 de la tarde la marcha civil de oposición al gobierno, a
su paso por las inmediaciones de la Universidad Central de Venezuela fue
hostigada con disparo de armas desde el interior de la misma. La Policía
Metropolitana tomó acciones para impedir la acción de los francotiradores, de
acuerdo a informaciones que todavía no he podido confirmar, algunos ciudadanos
resultaron heridos en el lugar. Posteriormente a lo largo de la avenida Bolívar
no se reportaron incidentes graves. Los órganos de seguridad ciudadana y la
Guardia Nacional ya habían desplegado sus efectivos alrededor del Palacio de
Miraflores de acuerdo al dispositivo previsto.
Aproximadamente a las 3 de la tarde recibí reportes de que en los alrededores
de Miraflores se encontraban seguidores del gobierno y que una gran cantidad de
personas se desplazaban por las avenidas Sucre y San Martín, ubicándose muchas
de ellas en las escaleras de acceso al Parque El Calvario, igualmente sobre
disparos de armas y de algunos ciudadanos que habían resultado heridos. Llamé
al señor Guillermo Garros, Director General de Protección Civil del Ministerio
del Interior y Justicia, y le solicité movilizar mas ambulancias para el
traslado de heridos a centros asistenciales. El Director de la Policía
Metropolitana a su vez, giró instrucciones a su personal para que tomaran
precauciones y protegieran sus vidas contra el ataque de personas armadas que
habían sido vistas en el Parque El Calvario y las azoteas de algunos edificios.
Toda esta información la recibía porque yo portaba también un radio del sistema
de comunicaciones de la Policía Metropolitana y estaba enterado de lo que
estaba sucediendo en la calle con la Policía Metropolitana y por supuesto,
tenía también gente en la calle que me estaba informando. Toda la información
que yo recibía generaba acciones inmediatas de mí parte y la suministraba de
inmediato también al Ministro Rodríguez Chacín.
Aproximadamente a las 3:30 de la tarde el Ministro me llama a su despacho y me
dice que me siente en una silla, que esta ubicada entre un sofá donde el se
acostó largo a largo, y otro sofá en donde estaba sentado el Viceministro del
Interior Carlos Canelón para ver la cadena presidencial que ya había comenzado,
durante los siguientes minutos recibí varias llamadas telefónicas y para evitar
interrumpir la atención del Ministro y del Viceministro me salí del despacho,
una de esas llamadas provino de alguien que se identificó como funcionario de
la Defensoría del Pueblo, manifestándome su angustia por el asesinato de
personas en el centro de la ciudad por parte de francotiradores. Otra llamada
fue del Director General de Protección Civil informando que la situación en el
centro de la ciudad era muy crítica, que había aproximadamente seis muertos y
sesenta heridos y que él estaba buscando un lugar en donde instalar un hospital
de campaña.
Aproximadamente a las 4 de la tarde, media hora mas tarde mientras yo estoy
conversando, me vuelve a llamar el Ministro a su despacho y me vuelve a pedir
que me siente en la silla que le indiqué, realmente me sentí incomodo por el
hecho de que el Ministro Rodríguez quería prácticamente obligarme a permanecer
en su despacho, ahora entiendo que su intención debió ser la de evitar que me
enterara de lo que estaba sucediendo. Mientras tanto el Presidente de la
República continuaba hablando en cadena y ordenaba entre comillas, cortar la
señal de televisión comercial del país. En el despacho del Ministro y en la
sala situacional se podía ver lo que realmente ocurría en los alrededores de
Miraflores porque teníamos un servicio de televisión privada, no sé si por
cable o por satélite, pero teníamos la información que venía del exterior, el
Ministro sabía lo que estaba sucediendo. Continúe recibiendo llamadas
telefónicas y me levanté de la silla del Despacho del Ministro, el Ministro
Rodríguez se levanta del sofá, se levanta un suéter que el vestía y lo que
consideré una velada amenaza, me muestra una pistola que portaba y me dice que
en caso de que algo suceda él no iba a esperar a que lo detuvieran y saldría a
la calle a defender la, entre comillas, revolución porque debemos ser, entre
comillas, patria o muerte con el proceso. Yo le contesté que a pesar de ser
militar activo y encontrarme uniformado no portaba armas de fuego, él me dice
que él me iba a entregar una, de inmediato me retiré del Despacho del Ministro
Rodríguez, eran aproximadamente las 5 y 15 de la tarde.
Inmediatamente me dirigí a la sala situacional y rápidamente de una manera
vertiginosa sucedieron los siguientes hechos:
Un grupo de ciudadanos reconocidos públicamente como partidarios del gobierno
nacional, pertenecientes a los grupos de choques y agresión que entrenan y
movilizan entre otros Freddy Bernal y Nicolás Maduro, eran mostrados por la
televisión privada disparando impunemente a escasos doscientos metros del
Palacio de Miraflores desde el Puente Llaguno en la avenida Urdaneta, hacia los
manifestantes que se desplazaban por la avenida Baralt.
Solicito señores diputados que se revise como un antecedente de la
participación de éstos y otros funcionarios públicos en sucesos no aclarados
hasta los momentos, como el de la supuestas armas de guerra en una casa en La
Pastora, en donde los funcionarios de la DISIP, intentaron actuar y fueron
desautorizados, de estos hechos conocí referencialmente, cuando me desempeña
como Director General de la Policía Metropolitana y funcionarios adscritos a
este organismo actuaron en la seguridad de las calles adyacentes a esa casa y
si mal no recuerdo, alguien les solicitó que se retiraran del lugar.
Igualmente la reciente actuación de Freddy Bernal y sus seguidores, frente a
funcionarios de orden público de la Policía Metropolitana en la Avenida
Libertador, cerca de Fedecámaras o el día k13 de abril, durante los saqueos en
Caracas, y los daños causados a la edificación de Radio Caracas Televisión en
Quinta Crespo o las municipios encontradas en el despacho del Alcalde, que como
policía que fue, sabe que las municiones y armas que guardan en parques,
acondicionados para tal fin, como los que seguramente tiene la Policía
Municipal del Municipio Libertador y no en una oficina.
En fin, todos estos hechos están documentados y lo que está a la vista no
requiere muchas explicaciones.
Por otro lado, se mostraban en las imágenes de televisión, ciudadanos
asesinados o heridos de balas en las calles de Caracas, la Guardia Nacional se
enfrentaba desde tempranas horas de la tarde, a manifestantes de la oposición
frente al Liceo Fermín Toro desde las esquinas de Bolero a Camino Nuevo.
También recibí una llamada telefónica del señor Guillermo Garrós, informándome
que aproximadamente a las 6 de la tarde el señor Guillermo Garrós, señores, es
el Director General de Protección Civil del Ministerio del Interior y Justicia,
él me informa que a las 6 de la tarde el operador de radio de esa Dirección
General de Protección Civil, el ciudadano Juan Valdivieso, captó con un escáner
en la frecuencia de HF 140.42 megahers, la voz del Presidente de la República,
ordenando movilizar tanques de guerra desde Fuerte Tiuna hacia Miraflores,
óigase bien, él no me dijo activación del Plan Avila ni nada por el estilo, me
dijo me sorprende que haya ordenado el señor Presidente de la República
movilizar tanques de guerra, esto es algo muy preocupante.
Igualmente recibo una llamada del Comisario General Henry Vivas de la Policía
Metropolitana, informándome que tenía conocimiento de que una columna de
tanques de guerra se encontraba entre los túneles de El Cementerio y de El
Paraíso, rumbo al centro de la ciudad.
Igualmente que él iba a ordenar retirar a sus hombres para evitar
enfrentamientos con el Ejército. Seguidamente escuché por la red interna de
comunicaciones de la Policía Metropolitana que se daban esas instrucciones.
De acuerdo a mi experiencia, señores, de 28 años de servicio como oficial de la
Guardia Nacional, como subdirector y luego director de la Policía Metropolitana
y considerando que, primero existía la intención desde tempranas horas de la
mañana de utilizar tanques de guerra que se encontraban en la puerta 3 de
Fuerte Tiuna, con propósitos hasta ese momento desconocidos por mi persona.
Segundo, que no estaban dadas las condiciones para guiar al centro de la
ciudad, que estaba bastante convulsionado, a soldados sin entrenamiento en
materia de control del orden público, a bordo de tanques de guerra.
Tercero. Que la Guardia Nacional, aún contaba con efectivos que pudo haber
desplegado para devolver la calma a la ciudad.
El Comando Regional Número 5, cuenta con aproximadamente 4 mil efectos y en los
alrededores de Miraflores, estimo que no habían más de 400 hombres.
En la grabación difundida posteriormente, se evidencia que el Jefe del Comando
Regional Número 5, informa al señor Presidente y este a su vez le dice que la
situación podemos resumirla en dos palabras “bajo control”. El Presidente mismo
se lo dice al General Gutiérrez cuando están conversando.
Cuarto. La Policía Metropolitana estaba cumpliendo su trabajo de una manera muy
profesional, con dificultades, pero que sin embargo tenía la capacidad para
devolver la situación a la normalidad.
Quinto. En casos de alteraciones del orden público, el Ejército cuenta con
efectivos de la Policía Militar, que fueron adiestrados y trabajaron con la
Guardia Nacional como auxiliares en esas funciones en los dispositivos de
seguridad ciudadana que se venían implantando en la ciudad.
Recuerden cuando se habló en el mes de diciembre que el Ejército iba a
participar con la Guardia Nacional, esos eran policías militares y que
eventualmente eran desplegados aquí mismo en los alrededor de la Asamblea
Nacional, cuando asistía el actual presidente de la República, venían pelotones
de soldados entrenados en materia de orden público, esos pelotones no fueron
desplegados.
Sexto. La situación del orden público en el resto del país era normal.
Séptimo. Las instrucciones que se dieron fue sólo de sacar tanques de guerra,
lo cual no es normal, porque en caso de aplicarse los planes militares de
restablecimiento del orden público, uno de ellos, el Plan Avila, se debería
recurrir gradualmente a los recursos disponibles y además, algo que no se hizo,
se toma el control de puntos críticos como hospitales, estaciones de energía
eléctrica, de bombeo de agua, de comunicaciones, hospitales, Metro, terminales
de pasajeros, otros edificios del Gobierno, industrias básicas y estratégicas,
controles que nunca se ordenaron.
Octavo y finalmente, recordando los sucesos de la Plaza de Tien-An-Men, en
Beijing, China, concluí que había que tomar acciones inmediatas para evitar una
matanza de seres humanos, inmediatamente me dirigí al despacho del Ministro
Rodríguez, entrando sin anunciarme, como era mi costumbre.
Yo me anunciaba, pero en ese momento la desesperación me obligó a entrar
inmediatamente al despacho y le informé lo que estaba sucediendo, solicitándole
coordinar con el Presidente para detener los tanques de guerra y evitar que
llegaran al lugar de la manifestación, porque esto pudiera acarrear graves
consecuencias en términos de pérdidas de vidas humanas, debido a la
desproporción de la amenaza y el medio que se pretendía emplear para
contrarrestarla con soldados sin entrenamiento para manejar alteraciones de
orden público.
Su respuesta fue algo así como que no me preocupaba que él iba a pensarlo y que
ya se tomaría la decisión. Esta negligencia, indiferencia y falta de diligencia
del Ministro Rodríguez, ante la atrocidad que estaba ocurriendo y del peligro
inminente de que la situación de agravara y tomando en consideración que,
primero el día anterior el Ministro Rodríguez Chacín a mi pedido, ordenó al
Viceministro del Interior, Carlos Canelón, coordinar que los grupos de agresión
que organizan Freddy Bernal y Nicolás Maduro, entre otros, no intervinieran en
la concentración que iba a haber en Chuao, había recibido la información de que
iban a enviar estos grupos allá y le dije, mire por favor, coordine esto.
El Ministro le da la instrucción a Carlos Canelón, quien en mi presencia llamó
telefónicamente a un tal Capitán Rodríguez Torres, dándole instrucciones para
que no movilizara esos grupos de agresión a Chuao e hizo referencia al
incidente de días anteriores frente a la sede de PDVSA en Los Chaguaramos, en
donde los tomistas agredieron a manifestantes a favor de las aspiraciones de
los trabajadores de PDVSA.
Días más tarde, me entero que Rodríguez Torres es un Teniente Coronel, señores,
del Ejército de Venezuela, en servicio activo, que tiene el cargo de
coordinador nacional de Círculos Bolivarianos, una función de carácter
netamente político y lo que es aún más preocupante, hace pocos días fue
designado Director de la DISIP.
Segundo, en una reunión realizada en días anteriores, también, el Ministro
Rodríguez me comentaba que el Presidente estaba muy contento con su, cito,
“talento político” y que le había dado luz verde para que tomara todas las
acciones que él considerara necesaria para resolver la situación conflictiva
del país y que él las iba a tomar y luego informaría.
Conociendo ya la forma de actuar y de pensar del Ministro Rodríguez, su
comentario me generó una enorme preocupación, debido a que el Ministro
Rodríguez al comienzo de sus reuniones semanales todos los viernes, hubo una
reunión con los viceministros y los directores generales, nos dictaba una
arenga alienante de tendencia comunista y trataba de utilizar el término
“camarada”, para dirigirse a todos nosotros y nos explicaba que tenía que ser
camarada, que eso no era nada malo y dada la impresión de que el Ministro medio
leía el manifiesto comunista de Carlos Marx y nos lo comentaba.
Por otro lado, el Ministro exigía a los viceministros y directores generales
que informaran en plenas reuniones si estaban inscritos en el Movimiento V
República, en violación a la Constitución que establece que los funcionarios
públicos están es al servicio de la República y no de parcialidad política
alguna.
También nos exigía a viceministros y directores generales, no enviar mensajes o
publicaciones los medios de comunicación desafectos al Gobierno, so pena de
despido del funcionario que contraviniera esa orden.
Aquí se presentó un reclamo de la Viceministro de Seguridad Ciudadana, la
doctora Beatriz Pérez Perazo, quien objetó la orden, alegando que los registros
y notarías que dependen de la doctora Pérez Perazo, eran los particulares y no
el Estado quienes publicaban los avisos de prensa, y sería ilegal exigirle a un
particular: mire, no me publique esta noticia en un periódico desafecto al
gobierno.
Tercero. La conducta del Ministro Rodríguez, el día 11 de abril, al tratar de
mantenerme a su lado sin dejarme supervisar y cumplir con mis funciones había
sido muy extraña. Además, observé que inexplicablemente ese día aumentó la
presencia de personas armadas que fungían como escoltas del Ministro, mayor de
lo que normalmente utiliza, en actitudes de espías y tratando de escuchar las
conversaciones privadas de quienes no éramos del entorno del Ministro.
Quise corroborar toda la información que tenía y me dirigí a la Comandancia
General de la Guardia Nacional. Al arribar al sitio pude confirmar todas mis
sospechas, al observar el estado de indignación y frustración de oficiales,
suboficiales profesionales de carrera y guardias nacionales en relación con lo
que estaba ocurriendo en Caracas.
Decidí luego, en el ejercicio de mi deber y mis derechos constitucionales,
expresar de viva voz mis pensamientos, haciendo uso para ello de cualquier
medio de comunicación y difusión. Aquí deseo recordar que para el momento era
un funcionario público con responsabilidades de orden político y civil y por lo
tanto no tenía mando de tropas, ni era una autoridad militar, que el Presidente
de la República invitó a los oficiales generales y almirantes a emitir sus
opiniones, y además que el artículo 57 de la Constitución me permite opinar
libremente, así mis opiniones no sean del agrado del régimen, ya que como
funcionario público tengo prohibida la censura.
Luego, me retiré de la Comandancia General de la Guardia Nacional y recorrí la
ciudad para evaluar qué estaba sucediendo y tomar las acciones que fuesen
necesarias en aquel clima de confusión y falta de liderazgo que existía en esos
momentos en el país.
Ante el vacío de poder que se creó, inmediatamente después que los mandos de
los componentes de las Fuerzas Armadas manifestaron su desobediencia a la orden
que contravenía normas constitucionales, consideré mi deber contribuir a evitar
el derramamiento de sangre entre integrantes de las Fuerzas Armadas, y en dos
oportunidades acudí a Radio Caracas Televisión, donde manifesté mis
pensamientos en relación con el régimen que desconocía, a tenor de lo contenido
del artículo 350 de la Constitución Nacional, al igual que hice un llamado al
General Jorge García Carneiro, quien comandaba la columna de tanques de guerra,
ubicadas en los alrededores de Miraflores, para evitar un enfrentamiento inútil
con otras unidades militares.
Por cierto, el General de División Jorge García Carneiro, aproximadamente a las
cinco de la mañana, en la sede de la Comandancia General del Ejército, en
presencia de otros oficiales, de una manera particularmente emotiva me
agradeció haberle llamado porque le permitió reflexionar sobre el error que
estaba cometiendo. Sorpresivamente, luego volvió a reflexionar y cambió su
posición.
Aquí quiero detenerme un momento para señalar los aspectos del vacío de poder
que se presentó acá en nuestro país ese día, desde muy tempranas horas cuando
estaba sucediendo esto.
A las siete de la noche cuando comenzaron los pronunciamientos de muchos
generales y todas las fuerzas, nadie por el gobierno nacional salió a la calle
a decir: señores, aquí hay un gobierno, yo soy el Presidente, yo soy el
Vicepresidente, yo soy el Ministro, aquí estamos los diputados. No, aquí mucha
gente andaba era buscando asilo en las embajadas, muchos andaban tiñéndose el
cabello, eso era lo que se escuchaba.
Así que ante esta razón había que tomar alguna acción, no podíamos dejar que
nuestro país entrara en anarquía y que nuestro país se destruyera y entráramos
en una situación grave de orden público.
En horas de la madrugada del día 12 de abril, después que el General en Jefe
Lucas Rincón Romero anuncia al país la renuncia del Presidente de la República
y del Alto Mando Militar, me dirigí a la sede de la Comandancia General del
Ejército, allí permanecí muy breves minutos y formé parte de una Comisión de
Oficiales Generales que fue al Palacio de Miraflores, a llevar para la firma
del señor Presidente, los oficios de remoción del Vicepresidente y su renuncia.
En Miraflores se encontraban, entre otros, los Generales de División, Hurtado
Soucre y Manuel Rosendo. El Presidente condicionó su firma a que se le dejara
viajar a Cuba. En vista de las diferentes opiniones que existían entre el
cuerpo de generales decidí regresar a la Comandancia General del Ejército.
Aproximadamente diez minutos luego de estar allí en la Comandancia, se presentó
el Presidente de la República acompañado de los generales de División Hurtado
Soucre y Manuel Rosendo, quedando a la orden de ese componente.
Aproximadamente a las seis de la mañana, del día viernes ya, 12 de abril del
2002, me dirigí a la sede del Ministerio del Interior y Justicia, a fin de
subsanar las consecuencias previsibles del vacío de poder en que se encontraba
el país, y así evitar que se cometieran desmanes en la sede del mismo. Recibí
información de algunos trabajadores del Ministerio, que me indicaron que en
días anteriores habían observado el ingreso de armas largas al despacho del
Ministro.
Teniendo como testigos a las ciudadanas Franca Pavón, Directora General
Encargada de la Secretaría del Ministerio del interior y Justicia, y Valentina
García, asistente a la Directora General, se abrieron las oficinas del Despacho
del Ministro. Al observar la presencia de munición de guerra y otros materiales
de uso común por parte de cuerpos armados, de grupos armados, ordené cerrar el
despacho y llamé al doctor Miguel Dao, Director General del Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, para que enviara
funcionarios de ese cuerpo, con fiscales del Ministerio Público, a fin de dejar
constancia de lo que allí habíamos encontrado y habíamos observado.
Aproximadamente a las diez de la mañana se presentaron el doctor Miguel Dao y
los fiscales del Ministerio Público, Rómulo Añez y Alberto Barroso, quienes con
la presencia de dos testigos dejaron constancia mediante acta de lo allí
encontrado, lo cual por cierto señores, no requería un camión para
transportarlo.
Luego, sostuve una reunión en el Salón Rojo del Ministerio del Interior, con
los altos funcionarios del Despacho que de manera voluntaria acudieron a sus
labores, entre ellos estaban la Viceministro de Seguridad Jurídica, la doctora
Beatriz Pérez Perazo, el Director General de Administración, Contralmirante
Arturo Vidal Briceño Arguello, el Director de Personal, Contralmirante Otto
Pérez Seijas, el Presidente del Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias,
Contralmirante Rodríguez Tineo, la Consultora Jurídica, la doctora Ana Cecilia
Zulueta, la Directora de Reestructuración del Ministerio, la doctora Gladis
Molinos, el Director de la ONI-DEX, General de Brigada Marcos Ferreira, el
Director General de Coordinación Policial, el General de Brigada José Antonio
Páez Cabrera, la Directora General de Prevención del Delito, la doctora María
Herminia Rodríguez, la Directora General de Secretaría, Licenciada Franca
Pavón, su asistente la doctora Valentina García, y la Contralora Interna, la
doctora Miriam Acevedo.
En esa reunión se coordinaron medidas de carácter preventivo, mientras durara
el vacío de poder en el país, para evitar decisiones apresuradas, adquisiciones
o compromisos ilegales, emisión de cheques no autorizados, y se les recomendó
inmovilizar en los bancos cualquier cheque en tránsito con la excepción de
aquellos correspondientes al pago de la nómina. Se acordó también que todo el
personal directivo, administrativo y obrero laborara hasta las cuatro y media
de la tarde de ese día viernes, y que las labores se iban a suspender hasta el
día lunes a las ocho de la mañana.
Finalmente, supervisé el despliegue de seguridad del edificio, estableciéndose
las normas de prevención para el edificio que está en la sede de Platanal,
quedando encargados de la misma el personal civil y militar que habitualmente
cumple esas funciones. A las cinco de la tarde del día viernes 12 de abril me
retiré a mi hogar.
Al conocer la noticia de que los nuevos ministros serían juramentados a
mediodía del sábado 13, acudí al despacho del Ministerio del Interior y
Justicia, a las 10 de la mañana, en compañía de la Directora General encargada
de Secretaría y su personal administrativo y obrero.
Aproximadamente a la una de la tarde, en vista de que me enteré de las
divergencias que existían en la formación del nuevo gabinete, decidí enviar a
su casa a todo el personal del Despacho y retirarme a la mía.
Luego sucedieron los hechos que reinstalaron al Presidente Hugo Chávez. El
domingo 14 de abril me presenté en la Comandancia General de la Guardia
Nacional a asumir mis responsabilidades, desde el 14 de abril hasta hoy 13 de
mayo, señores, deseo recordar que están aún sucediendo los siguientes hechos: 3
de los ciudadanos detenidos, de los cuales se tiene conocimiento que les fue
dictada medida privativa de libertad por un Juez de Control, corriendo el lapso
de 30 días que establece la Ley para que el representante del Ministerio
Público formule la acusación, pudieron obtener su libertad al vencimiento de
dicho lapso así como también quedar exonerados de responsabilidad penal ante la
paralización de la investigación sobre la masacre al ser removido de su cargo
el Dr. Miguel Dao, y suspendidos y sometidos a procesos disciplinarios los
fiscales del Ministerio Público que tenían el caso, Dr. Rómulo Añez y Alberto
Barroso.
Segundo. Los escenarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y
Criminalísticas que intervinieron en las investigaciones que condujeron a la
incautación de armas, municiones, evidencias y detuvieron a algunos de los
implicados, han denunciado públicamente haber sido amenazados para que no sigan
investigando.
Tercero: funcionarios públicos señalados y evidenciados en audios, videos,
testimonios y otras pruebas documentales como responsables de los hechos del 11
de abril y de haber contrariado normas constitucionales, el Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional y la Carta Internacional de los Derechos Humanos,
conducen las investigaciones y pretenden juzgar a quienes en el ejercicio de
sus derechos y deberes se opusieron a apoyar esa posición.
Cuarto: se produjeron saqueos de comercios, destrucción de la propiedad privada
y pública y asesinatos en el oeste de la ciudad, en algunas de esas unidades
pudo apreciarse a través de la televisión estaban instigadas entre otros, por
el señor Freddy Bernal, Alcalde del Municipio Libertador, llama la atención que
estos hechos graves ocurrieran en Caracas, con algunos sucesos aislados en el
Estado Anzoátegui. Todo esto en mi opinión, evidencia que en la ciudad sede de
los poderes públicos del país, se movilizan grupos de desadaptados que por
instigación practican terrorismo de Estado, para hacer ver o creer al resto de
la población y el mundo que el pueblo apoya la revolución.
Quinto: Parece ser que la lección de PVSA no fue aprendida y no se está tomando
en cuenta la meritocracia en la Fuerza Armada, aproximadamente 80 oficiales
generales, almirantes y superiores activos no tienen cargo, mientras que los
mandos militares los ejercen oficiales, de suficientes y reconocidos méritos
profesionales, no tengo la menor duda, pero de menor antigüedad. Esto podría
generar una crisis similar y evidencia una vez más, que el único que está
conspirando contra sí mismo es el Gobierno al asumir posiciones extremas que
instigan a la desobediencia.
Señor Presidente de la Comisión y demás Diputados. He acudido a este llamado de
la Asamblea para cumplir con mis deberes de ciudadano en una nación libre y
basada en el imperio de la ley, estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta
que no viole mis derechos constitucionales. No estoy dispuesto a contestar, y
me retiraré de este recinto si percibo cualquier intención de mancillar mi
reputación, mi dignidad y mi condición de igualdad ante la ley. Muchas gracias.
Es todo señor Vicepresidente.