EL GOBIERNO ESPAÑOL DEBERA PREOCUPARSE POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN VENEZUELA

A instancia del Grupo Vasco en el Senado, a última hora de la noche de ayer, la Comisión de Exteriores del Senado aprobó una moción de este Grupo en la que se solicitaba lo siguiente:

“La Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación insta al gobierno a adoptar las iniciativas oportunas para mostrar al gobierno venezolano su inquietud por la situación creada tras la aprobación de la llamada “Ley de Contenidos” que puede poner en peligro la libertad de expresión en un país del que España forma parte del grupo de “países amigos””.

En esta moción contó con el apoyo del Partido Popular, así como con los apoyos de los Grupos Catalán y de Entesa, que hubieron de ausentarse de la sesión habida cuenta que ésta terminó muy tarde y los senadores tenían concertados de antemano sus vuelos de regreso a sus domicilios..

En la defensa de la Moción el senador del Grupo Vasco, Iñaki Anasagasti dijo que en 2003, la Comisión de Amistad Hispano Venezolana había ya manifestado su inquietud por la situación de la libertad de expresión en Venezuela y como España pertenece al Grupo de Amigos de Venezuela, que no de Chávez, así como que el presidente del gobierno español Rodríguez Zapatero dijo en su investidura que llevaría su preocupación por el respeto de los derechos humanos hasta el último confín, es por lo que el Grupo Vasco presentaba la Moción que se basaba en la siguiente argumentación:

Después de consolidar su poder político en el referéndum revocatorio del pasado día 15 y las elecciones locales, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ahora presiona contra los medios de comunicación, algunos de los cuales han sido abanderados de la oposición. Haciendo valer sus mayorías en la Asamblea Nacional, el gobierno venezolano acaba de aprobar una controvertida “ley de responsabilidad social en radio y televisión”, que el periodismo venezolano ha bautizado como la “Ley Mordaza” y  que no presagia nada bueno para el ejercicio de la libertad de expresión.

Presentada por sus autores como un instrumento para mejorar los estándares de calidad, democratizar el acceso al aire y proteger al público (sobre todo a los menores de edad) contra la invasión de sonidos, imágenes y lenguaje ofensivos, obscenos o de violencia, la ley es, en realidad, un catálogo de limitaciones al ejercicio periodístico, sin antecedentes en los 45 años de vigencia de las instituciones democráticas en Venezuela. La norma clasifica minuciosamente los materiales que deben emitir las estaciones de radio y televisión y los horarios en que pueden hacerlo, con lo que crea una camisa de fuerza que puede prestarse a todo tipo de arbitrariedades. Además, adopta nuevas fórmulas normativas respecto a los derechos de réplica y rectificación y estipula drásticas sanciones, desde cuantiosas multas y suspensión de programas, hasta la cancelación de licencias de operación, que ahora penden como espadas de Damocles sobre los comunicadores venezolanos.

El gobierno venezolano hizo caso omiso de las críticas de los partidos de oposición, así como de las protestas de los medios privados y las advertencias de la Sociedad Interamericana del Prensa (SIP), Human Rights Watch y Periodistas sin Fronteras al adoptar el discutible estatuto legal que bate todas las marcas en materia de controles de la radio y la televisión. Su aprobación es un acto de abierto enfrentamiento contra las estaciones privadas, a las que el presidente tiene en su mira por su inflexible posición crítica frente al gobierno. Y su efecto, seguramente, será el de acentuar la división de la sociedad venezolana, claramente reflejada en los medios de comunicación: los estatales defendiendo a Chávez y los privados oponiéndose radicalmente a él.

Madrid, 2005.02.15